Comunidades amazónicas de Perú denuncian contaminación por la minería ilegal

La denuncia se presentó en Lima, la capital del país, ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, un bloque comercial regional que incluye a Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Las comunidades argumentan que Perú ha violado una política regional vinculante adoptada en 2012 para combatir la minería ilegal.

Una delegación de 10 dirigentes y pobladores de la Amazonía peruana viajó a Lima para realizar la denuncia.

“Perú no está cumpliendo con sus obligaciones y eso ha permitido que la minería ilegal se expanda, amenazando la vida y los derechos de las comunidades amazónicas”, dijo César Ipenza, abogado ambientalista que presentó el caso en nombre de las comunidades.

El gobierno peruano no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. 
 
Los niveles de mercurio son demasiado altos

El mercurio, ampliamente utilizado en la extracción de oro, está contaminando a los peces —un alimento básico— y entrando en la cadena alimentaria en zonas aledañas a los ríos Nanay y Pintuyacu.

“Más del 80% de nuestra población está contaminada con mercurio en la sangre”, afirmó Jhonny Huaymacari Yuyarima, representante del pueblo indígena Ikito y líder de una alianza local de 33 comunidades en la cuenca del Nanay. “Los peces de nuestros ríos y lagos también están envenenados”.

Huaymacari describió haber visto niños con retrasos en el desarrollo, residentes con dolor articular crónico, problemas de piel y dolores de cabeza intensos, síntomas que muchos ahora asocian con la exposición prolongada al mercurio.

Un estudio reciente del Centro de Innovación Científica Amazónica, o CINCIA, y la Sociedad Zoológica de Frankfurt encontró niveles peligrosamente altos de mercurio en muestras de cabello tomadas de 273 residentes en seis comunidades ribereñas de la región.

Alrededor del 79% de los participantes tenían niveles de mercurio superiores al límite de seguridad de la Organización Mundial de la Salud de 2,2 miligramos por kilogramo.

Los niños de hasta 4 años presentaron los niveles promedio más altos, casi seis veces el límite recomendado. El pescado de la misma zona presentó concentraciones elevadas de mercurio, especialmente en las especies carnívoras de consumo habitual.

'Exposición generalizada'

“Estos no son casos aislados. Se trata de una exposición generalizada”, dijo Ipenza. “Y estamos hablando de personas que dependen del pescado como su principal fuente de proteínas y del río Nanay para obtener agua potable, incluida la ciudad de Iquitos”.

Huaymacari dice que le duele pensar que después de más de 20 años de luchar contra la minería ilegal, “el Estado todavía no nos escucha”.

“El mercurio ya está en nuestros cuerpos. Tendremos que vivir con esto si el Estado peruano no hace nada”, declaró a The Associated Press, citando el ejemplo de la región de Madre de Dios, en el sur de Perú, asolada desde hace tiempo por la minería ilegal.

Los investigadores y grupos ambientalistas ahora advierten que la extensa extensión de Loreto, donde Iquitos es la capital regional y el hogar de los Nanay, se está convirtiendo en la nueva frontera.

Un informe de 2023 del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina mostró que la creciente deforestación y la actividad minera se están extendiendo a las cabeceras del Nanay, incluso en áreas protegidas.

El estudio CINCIA, uno de los primeros en evaluar sistemáticamente la exposición al mercurio en las comunidades de Loreto, encontró que si bien la mayoría de las muestras de pescado no excedían los límites de seguridad internacionales, la cantidad y frecuencia del consumo de pescado significaban que incluso niveles moderados de contaminación eran un riesgo grave.

Loreto tiene el mayor consumo de pescado per cápita del Perú; algunas familias a lo largo del río comen pescado dos o tres veces al día.

Además de la exposición a sustancias tóxicas, las comunidades también reportan graves impactos sociales y de seguridad, como la llegada de grupos armados, trabajo ilegal y explotación sexual en campamentos mineros. Los líderes locales afirman que los defensores del medio ambiente han sido amenazados y que las estructuras de gobernanza comunitaria se han visto debilitadas.

“Casi el 80% de la gente que vive allí son extranjeros y hay más de 60 dragas (de extracción de oro) operando en la zona”, dijo Huaymacari de Ikito.

En una de sus comunidades, izaron una bandera colombiana, dijo. «Ya no se siente como Perú».

Un llamado a la acción

Los puestos policiales y navales locales carecen de personal, equipo y apoyo logístico para enfrentar la expansión de la minería ilegal, afirmó Huaymacari.

“Están intentándolo, pero no tienen las herramientas para combatir esta plaga de la minería ilegal”, dijo.

La Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal obliga a los Estados miembros a coordinarse regionalmente y a frenar las actividades delictivas organizadas vinculadas a la extracción ilegal. La denuncia solicita al organismo regional que declare formalmente al Perú en violación y emita recomendaciones correctivas.

Si bien la Comunidad Andina no puede imponer sanciones, sus decisiones son vinculantes según el derecho regional, y una declaración formal podría presionar al Perú a adoptar medidas correctivas o enfrentar consecuencias reputacionales y diplomáticas.

Ipenza dijo que no se trata sólo de Perú y que “es necesario tomar medidas más amplias”.

“La contaminación por mercurio y el oro ilegal cruzan fronteras, y el daño no es solo ambiental. Es profundamente humano”, afirmó.

Las comunidades que impulsan la denuncia dicen que no buscan una compensación económica, sino el reconocimiento urgente de sus derechos, la protección de sus territorios y la rendición de cuentas de un Estado que, según dicen, los ha abandonado.

La Comunidad Andina aún no se ha pronunciado sobre el caso, que podría sentar un precedente regional para responsabilizar a los gobiernos por los daños ambientales transfronterizos.

“Nosotras, las 33 comunidades de esta cuenca, estamos listas para alzar la voz juntas y decir: ¡Ya basta!”, dijo Huaymacari. “Exigimos al gobierno que actúe con urgencia”. AP