El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró el pasado miércoles que su Gobierno, que comenzó el 7 de agosto de 2022, no ha violado el derecho internacional humanitario (DIH) en los bombardeos ejecutados en las últimas semanas, en los que murieron al menos 12 menores reclutados por los grupos armados ilegales.
America Latina20 de noviembre de 2025
Redacción«No queremos que se nos compare o se nos asigne como si hubiéramos violado el derecho internacional humanitario, que ninguno de aquí lo ha hecho», expresó Petro en una alocución en la que estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides.
El mandatario dijo además que de 1.404 combates de las Fuerzas Militares y de Policía sostenidos contra los grupos armados en su Gobierno, sólo en 13 hubo bombardeos porque este tipo de ataques supone «el uso de una mayor potencia» y hay «que tener cuidado» para no afectar a la población civil.
El presidente precisó que las Fuerzas Militares han tenido «el cuidado suficiente para que no caiga población civil en los combates y eso se llama principio de distinción en el derecho internacional humanitario».
El Gobierno contabiliza 12 menores reclutados por el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, fallecidos en los recientes bombardeos y otros tres en enfrentamientos directos, muertes de las que responsabiliza a ese grupo armado por incorporar a sus filas de manera forzada a niños, niñas y adolescentes.
Responsabilidad del estado en bombardeos
Las operaciones han abierto un debate sobre el cumplimiento del DIH, la responsabilidad del Estado y el papel de los grupos armados en el reclutamiento de menores. También han generado controversia porque fueron aprobadas por el propio Petro, quien cuando estaba en la oposición condenaba con vehemencia este tipo de ataques.
En ese sentido, el presidente aseguró que en los bombardeos que autorizó «caen menores de edad como combatientes» y reivindicó que las Fuerzas Miliares no bombardearon «un caserío», sino que han atacado grupos armados «que se mueven en el interior de la selva y muy lejos de algún caserío».
«Es una fuerza armada completamente, en todos sus integrantes, y en esa fuerza van menores y no lo sabíamos exactamente. Se puede presumir la presencia de menores por la actividad que va contra el Estatuto de Roma y el derecho internacional humanitario», explicó.
Por esa razón, el mandatario dijo que denunciará a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, ante la Corte Penal Internacional (CPI) por reclutar menores, lo que lo hace «un criminal de guerra».
El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares), la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.
Petro defiende transparencia en compra de 17 cazas Gripen
Petro defendió la compra de 17 cazas Gripen a la compañía sueca Saab; aseguró que sugerir que recibieron comisiones por ese multimillonario negocio es una «completa tropelía», y también explicó que las aeronaves se utilizarán para combatir el narcotráfico.
«He pedido que se publiquen todos los datos de los contratos (…) el contrato se firmó hace unos días. Y en esa medida decir que recibimos comisiones es una completa tropelía», dijo Petro en una alocución.
El mandatario aseguró que «se firmó el contrato después de tres años de negociaciones minuciosas».
A propósito de este tema, la Contraloría pidió hoy al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, información del contrato por 16,5 billones de pesos (unos 4.387 millones de dólares) con la compañía sueca Saab para la adquisición de los aviones, en medio de polémicas por supuesta corrupción.
Denuncia por supuesta corrupción en el contrato
El exsecretario presidencial de Transparencia Camilo Enciso (2014-2017) solicitó a la Fiscalía Anticorrupción de Suecia abrir una investigación preliminar por supuestos actos de corrupción relacionados con la firma del contrato para la compra de los aviones que involucran a altos funcionarios colombianos, sin dar muchos detalles sobre su denuncia.
Petro explicó hoy que la adquisición de las aeronaves es «fundamental» para «armar el Estado, para tener la capacidad de disuadir la acción armada contraria (del) narcotraficante».
Igualmente, dijo que la compra de los aviones tiene otros componentes, pues también se adquiere armamento y se adiciona el mantenimiento de los mismos y el entrenamiento para los pilotos a través de simuladores.
A lo anterior, el presidente sumó que esa compra trae consigo ayudas sociales para hospitales, fabricación de paneles solares en el Caribe y agua potable para el desértico departamento de La Guajira (norte).
Explicó que el conjunto de todo eso es lo que hace que cada avión tenga un valor de 215 millones de dólares y que no tienen fundamento las críticas de la oposición, porque antes se compraron «aviones pelados, es decir, sin apoyo logístico, sin armas, etcétera». DW
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