RedacciónSi esta propuesta se convierte en ley, estos condenados podrían cumplir sus penas bajo reclusión domiciliaria total.
Previamente, la propuesta desató críticas por parte del oficialismo y grupos de derechos humanos, quienes la ven como un intento de liberar de forma encubierta a los criminales de lesa humanidad.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, manifestó su rechazo durante la sesión que aprobó la medida argumentando que la edad no debe ser el único criterio para cambiar las condenas de quienes cometieron crímenes considerados como atroces por los Tribunales.
Quintanilla enfatizó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que se deben considerar otros factores, como la colaboración del recluso para esclarecer la verdad o su reconocimiento de la gravedad de los delitos.
La aprobación en comisión de este proyecto de ley se da luego de que Gabriel Boric, presidente del país andino, anunciara el pasado mes de junio la transformación de la cárcel de Punta Peuco, diseñada para albergar a los exmilitares y agentes de la dictadura, en un penal común. El anuncio generó gran controversia en la derecha y entre los familiares de los exagentes, quienes temen la pérdida de los privilegios de los que gozan los reos en dicha prisión.
Recientemente, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) manifestó su oposición a la iniciativa del Senado y la Corte Suprema.
Los familiares argumentaron que la propuesta, que considera además de la edad avanzada el estado de salud de los responsables, ignora la extrema gravedad de los crímenes que cometieron. En declaraciones, la AFEP denunció que esta acción desconoce la justicia que han buscado incansablemente durante décadas. Según cifras oficiales, el régimen de Pinochet fue responsable de la tortura de más de 28.000 personas, el asesinato de 3.227 y el exilio forzado de unas 200.000.
Adicionalmente, la AFEP criticó el Poder Judicial, considerando “indignante” que ahora muestre sensibilidad hacia los responsables de crímenes de lesa humanidad. La organización también denunció que durante los 17 años de la dictadura civil-militar, el mismo poder mencionado fue cómplice al desestimar recursos de amparo y negar justicia a las víctimas.
Además, la AFEP subraya que las atrocidades cometidas, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y exilios, no fueron hechos aislados, sino parte de una política sistemática. En estas violaciones de derechos humanos, la complicidad de civiles fue crucial, y muchos de ellos aún gozan de impunidad.
En esta misma línea, la asociación de familiares critica que, a más de 50 años del golpe de Estado en Chile, el destino de 1.100 detenidos desaparecidos aún no se esclarece, y que las condenas impuestas por estos crímenes han sido tardías e insuficientes. TeleSur
