RedacciónEl instituto ya apoya a seis estados brasileños en el desarrollo de estos programas: Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará y Tocantins. Además, Amazonas, Maranhão y Piauí están desarrollando o estructurando programas REDD+ Jurisdiccionales.
Para este cálculo, se consideró un precio de entre $10 y $20 por crédito. Si el mínimo fuera de $10, los ingresos de cada estado ascenderían a $1.4 mil millones anuales. Los montos se pagarían a partir de 2026, según la normativa estatal al respecto.
El modelo de ventas que destaca el instituto es el de REDD+ jurisdiccional (JREDD+). El acrónimo REDD+ significa Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación Forestal. Se trata de un mecanismo que permite a los contaminadores remunerar a quienes realizan actividades de conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas, como forma de compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
El REDD+ jurisdiccional se diferencia de los proyectos REDD+ individuales en que se aplica a una jurisdicción territorial específica, como un municipio, un estado o un país. En lugar de un individuo o una comunidad, es el gobierno quien vende los créditos al mercado y asume la implementación y los compromisos para lograr los resultados de reducción de emisiones.
Según el estudio, recibir ingresos por la venta de créditos de carbono a través de este mecanismo permitiría frenar la deforestación en un 90% para 2030 y en un 98% para 2050. Esto podría representar el fin de la deforestación ilegal.
El IIE proyecta que las reducciones netas de emisiones para 2030 equivaldrían a los objetivos de 27 países de la Unión Europea. Y que las reducciones ya verificadas entre 2023 y 2024, que se están transformando en créditos, podrían generar un valor de 1.700 millones de dólares, considerando el precio de 10 dólares por tCO2e (10 dólares por crédito de carbono). Esto equivaldría al desembolso del Fondo Amazonía en 16 años de funcionamiento.
Agencia Brasil
