El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) instruyó este viernes que los diferentes recursos contra partidos políticos deban ser resueltos de manera “inmediata” y aseguró que ninguna de estas acciones puede alterar o modificar el calendario electoral de las elecciones generales.
El presidente el TCP, Gonzalo Hurtado, emitió el pronunciamiento a nombre de la institución ante los recursos legales que amenazan a los comicios y ante la serie de pronunciamientos que de actores políticos que buscan generar “incertidumbre” en el país.
“Ninguno de los recursos judiciales debe alterar o modificar el calendario electoral y tampoco podrá retrotraer acciones que hayan sido superadas en el calendario electoral, en este marco, se ha instruido a las sala constitucionales y jueces de garantía de todo el país que tramitan y resuelvan de forma inmediata los diferentes recursos y acciones vinculadas al proceso electoral”, afirmó.
Durante los últimos días, una serie de recursos fueron abiertos contra varias organizaciones políticas en busca que no puedan participar de los comicios y así afectar el desarrollo de los comicios.
Además, Hurtado reafirmó el compromiso del TCP de que se puedan garantizar “plenamente” las elecciones generales que se encuentran previstas para el domingo 17 de agosto.
“También instamos a los actores políticos a dejar de judicializar el proceso electoral y más bien, dedicar este periodo a proponer al pueblo boliviano soluciones a los problemas que preocupan a todas y a todos”, instó.
Anunció además que el TCP resolverá con carácter “prioritario y celeridad” los diferentes procesos constitucionales que vayan a ingresar a conocimiento de esa instancia para no “alterar o perjudicar, en ningún caso, lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral”.
Desde el TSE, algunos vocales advirtieron que los recursos pondrían en riesgo el proceso electoral, además de los anuncios de movilizaciones para los siguientes días. ///agc
Desde el martes pasado, quien se haga un tatuaje con fines estéticos o le haga una perforación a un perro o gato podría ser condenado a entre dos y cinco años de prisión, además de pagar una multa y perder la custodia del animal. La pena también se aplica a quien permita que se haga esto y se incrementará si el animal muere a causa de las intervenciones.
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