RedacciónLa Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) afirmó este miércoles que el paro nacional continuará, pese a los anuncios de acuerdos alcanzados entre algunas dirigencias de la provincia de Imbabura y el Gobierno de Daniel Noboa luego de tres 24 días de activas movilizaciones contra la eliminación del subsidio estatal al diésel y otras medidas neoliberales, que han sido reprimidas violentamente con saldo de tres manifestantes asesinados y decenas de heridos y detenidos.
El dirigente Apawki Castro, vocero histórico de la CONAIE, aseguró que “las acciones territoriales continuarán”, y que el levantamiento no ha sido suspendido por las comunidades, que exigen la derogación del decreto que elimina el subsidio al diésel. “Las declaraciones de la comitiva fueron claras: continuamos con la lucha. Solo están regresando a las comunidades. Cualquier nueva decisión será comunicada oportunamente”, afirmó Castro.
Por su parte, la lideresa kichwa Pacha Terán convocó a una asamblea del Parlamento de los Pueblos de Imbabura para este jueves 16 de octubre en la sede de la FICI, con el fin de “tomar determinaciones sobre el rumbo del levantamiento”. Terán convocó a organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, médicos, choferes, artistas y al pueblo afroecuatoriano, advirtiendo que el Gobierno prepara “nuevas medidas económicas más duras”.
“Si hablamos de pérdidas, veamos las que genera el propio Gobierno: más de 700.000 dólares diarios en el sector petrolero desde octubre de 2024. No venga la ministra María José Pinto a hablar de los 42 millones en pérdidas por el paro”, subrayó la dirigente.
Horas antes, Martha Tuquerres, presidenta de la Unorcac (Unión de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Cotacachi), informó sobre un acuerdo parcial alcanzado con el Gobierno en el marco del paro.
Tuquerres sostuvo que la comitiva gubernamental y dirigentes locales abordaron el precio de los combustibles, la liberación de los detenidos y la revisión de los subsidios, pero que las decisiones finales dependerán del consenso de las comunidades.
La noche del miércoles 15 de octubre, en varios puntos de Imbabura las comunidades indígenas manifestaron su rechazo a los acuerdos entre la dirigencia y el Ejecutivo.
Cientos de personas salieron a las calles de Otavalo y Cotacachi, exigiendo explicaciones a Mesías Flores, presidente de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (FICI), e incluso se registraron llamados a aplicar justicia indígena contra los líderes considerados “traidores a la lucha popular”.
En transmisiones en vivo a través de TikTok y Facebook, mujeres y jóvenes reiteraron que las vías continuarán cerradas hasta que el Gobierno, además, libere a los 13 detenidos en Otavalo, arrestados el 12 de septiembre. Estos fueron detenidos de manera arbitraria e injustamente procesados por delito de terrorismo.
“El paro no se ha terminado compañeros, el paro y la resistencia continúa. No hay negociación ni acuerdo firmado. En cada pueblo seguiremos resistiendo”, reafirmaron mientras no se atiendan a fondo sus demandas.
Por su parte, en la Alcaldía de Otavalo, un grupo de ciudadanos exigió a la alcaldesa Anabel Hermosa que aclarara su participación en las negociaciones con el Ejecutivo. La funcionaria explicó que solo acompañó el proceso, y que las decisiones fueron tomadas por las dirigencias y los delegados del régimen.
Sin embargo, la respuesta no calmó a los manifestantes, que gritaron: “Nuestros líderes no nos representan, somos más del pueblo”.
No es la primera vez que las bases indígenas muestran su descontento con la conducción de la protesta social. Durante las movilizaciones de 2022 y 2024, comuneros ya habían cuestionado la excesiva centralización de las decisiones y la falta de consulta real a las comunidades.
El trasfondo del paro nacional se mantiene en torno a tres ejes principales, la eliminación del subsidio al diésel, la criminalización de líderes comunitarios, y la ausencia de políticas agrarias efectivas para el campo.
Sin embargo, el conflicto ha escalado hacia un cuestionamiento político profundo de la falta de democracia y el autoritarismo del Gobierno de Daniel Noboa, además de la representatividad y la legitimidad de estructuras que encabezan el movimiento indígena. En paralelo, el Gobierno de Noboa intenta capitalizar la existencia de diversas opiniones a lo interno ofreciendo mesas de diálogo diferenciadas por provincias, una estrategia que, según los analistas, busca fragmentar la fuerza del movimiento nacional. TeleSur
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