Policía acusa a los Bolsonaro en investigación sobre sanciones estadounidenses

La decisión se tomó después de que la Policía Federal concluyera las investigaciones sobre las acciones de Eduardo junto al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para promover medidas de represalia contra el gobierno brasileño y los jueces de la Corte Suprema.

En los últimos meses, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado una serie de acciones contra Brasil y las autoridades brasileñas , como un aumento de aranceles del 50% a las importaciones de productos del país, una investigación comercial contra Pix y sanciones financieras contra el ministro Alexandre de Moraes bajo la  Ley Magnitsky .

Trump y miembros de su administración afirman que Bolsonaro es blanco de una "caza de brujas" y que Moraes actúa contra la libertad de expresión y las empresas estadounidenses que gestionan las redes sociales.

En mayo, la apertura de la investigación de la Policía Federal contra Eduardo y Jair Bolsonaro fue solicitada a la Corte Suprema por el Procurador General de la República (PGR), Paulo Gonet, para investigar las presuntas acciones del parlamentario para incitar al gobierno de Estados Unidos a adoptar medidas contra Moraes, elegido como relator del caso por actuar también al mando de las acciones de la trama golpista y en la investigación de noticias falsas .

Eduardo solicitó una licencia de 122 días de su mandato parlamentario en marzo y se fue a vivir a Estados Unidos, alegando persecución política.  El presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicano), envió una solicitud de revocación de su mandato a la Comisión de Ética de la Cámara el viernes pasado (16), tras las alegaciones presentadas por el PT y el PSOL. 

En este caso, el expresidente Jair Bolsonaro es investigado por enviar fondos vía Pix para cubrir la estadía de su hijo en el exterior, mientras buscaba sanciones destinadas a presionar a la justicia brasileña.

Juicio por golpe de Estado
El expresidente Bolsonaro también está acusado en la causa penal relacionada con el intento de golpe de Estado ante el Supremo Tribunal Federal, cuyo juicio está programado para el 2 de septiembre . Los acusados de pertenecer al núcleo 1 de la causa penal serán juzgados ese mismo día. Se les identifica como líderes de la conspiración que, según la Policía Federal y la Fiscalía General de la República, pretendió anular los resultados de las elecciones de 2022 y culminó con los atentados contra la sede de los Tres Poderes del Estado el 8 de enero de 2023. 

Jair Bolsonaro y siete aliados estarán en el banquillo de los acusados: Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin); Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno, exministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; Walter Braga Netto, exministro de Bolsonaro y candidato a vicepresidente en la fórmula de 2022; Mauro Cid, exayudante de campo de Bolsonaro; 

En esta acción se les imputan los delitos de organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados con violencia y amenaza grave y deterioro del patrimonio inmueble.

La excepción es el caso del exdirector de Abin, Alexandre Ramagem, quien actualmente es diputado federal y se benefició de una decisión de la Cámara de Diputados que suspendió el procesamiento por delitos cometidos tras su investidura. Ramagem sigue acusado de golpe de Estado, organización criminal armada e intento de abolición del Estado de derecho democrático.

Los otros tres grupos de acusados que están siendo procesados tienen casos penales en la fase de argumentos finales, la etapa final antes del juicio, que se espera tenga lugar a finales de este año. 

Agencia Brasil