Una multitud movilizó por la emergencia en discapacidad

Este 4 de junio fue un día histórico: más de 15.000 personas se movilizaron al Congreso para exigir que se ponga fin al ajuste que golpea a las personas con discapacidad. La jornada tuvo réplicas en Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe, Rosario, Tucumán y muchas otras ciudades del país.

La convocatoria fue en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, los de sus familias, los trabajadores del sector y las instituciones que brindan prestaciones fundamentales para su vida cotidiana.

Agradecemos profundamente la presencia de los medios de comunicación que ayudaron a visibilizar esta situación de emergencia, así como el compromiso de las organizaciones, profesionales, familias y personas con discapacidad que se acercaron desde distintos puntos del país.

Durante la movilización, la Cámara de Diputados dio quórum y comenzó a tratar el proyecto de ley de emergencia en discapacidad. La iniciativa busca compensar el profundo daño que se viene generando desde el Poder Ejecutivo Nacional, a través de políticas que han desfinanciado al sector y puesto en riesgo su sostenibilidad.

Desde el FORO Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se difundió un documento clave que expone con claridad las falacias del discurso oficial y revela cómo se financia realmente el sistema.

Acceder al documento ¿Quién financia el sistema de prestaciones?

Uno de los puntos centrales del texto es el desmantelamiento del sistema de participación y consulta: el actual responsable del área, el Dr. Diego Spagnuolo, designado sin experiencia ni formación en la temática, jamás convocó al Directorio del Sistema de Prestaciones, ni al Consejo Federal de Discapacidad, ni al Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad. Se rompió así con todos los espacios de diálogo con las organizaciones.

Al mismo tiempo, el gobierno ha sostenido que las prestaciones para este colectivo son las responsables del colapso financiero del sistema. Sin embargo, el Sistema de Prestaciones tiene cuatro fuentes de financiamiento: PAMI, el programa Incluir Salud (para personas con pensiones no contributivas), las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga.

De esas cuatro, solo Incluir Salud depende directamente del presupuesto nacional, lo que representa apenas el 24% del financiamiento total. El resto proviene de aportes privados de trabajadores, empleadores, jubilados y personas que abonan una prepaga. Es decir, la atención se sostiene mayoritariamente a través de un sistema solidario de seguro social, del mismo modo que cualquier otra práctica médica, como una operación de apéndice.

Entonces, cabe preguntarse: si durante más de 25 años —incluso en contextos de crisis como en 2001 y 2002— el sistema funcionó, ¿por qué hoy no alcanza? ¿Alguien se está quedando con la plata?

El documento del FORO también advierte sobre el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra el Fondo Solidario de Redistribución. Su titular, con pasado en el sector de prepagas, insistió en que las prestaciones del colectivo se llevaban el 90 % del Fondo. Sin embargo, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que en 2024 el impacto fue del 61,4 %. Muy lejos del número repetido desde el gobierno.

Mientras tanto, las prestaciones acumulan un atraso arancelario del 73 %, mientras que las prepagas fueron autorizadas a aplicar aumentos por encima del índice de inflación. El Ministro de Salud, que también proviene del mundo empresario, no ha recibido a ninguna organización del sector. La sospecha de conflicto de intereses es cada vez más evidente.

La ley de emergencia que se debate representa apenas un 0,03 % del PBI, pero puede garantizar la continuidad de un sistema que atiende a unas 250.000 personas que no encuentran respuestas en el sistema público.

La crisis no es sólo ideológica. No se trata de recortes por una supuesta eficiencia estatal. Todo indica que hay intereses económicos concretos detrás de la desfinanciación del sistema, favoreciendo a obras sociales y empresas de medicina privada que buscan flexibilizar aranceles y reducir sus compromisos.

Desde estas apreciaciones, se vuelve más claro quién se está quedando con el dinero que le corresponde a las personas con discapacidad.