Pedro Castillo alega que juicio oral en su contra es ilegal e inconstitucional

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El juicio quedó formalmente instalado por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en un ambiente adjunto al penal de Barbadillo, en el este de Lima, en el que el exmandatario está recluido desde el 7 de diciembre de 2022, el día en que anunció el fallido intento de golpe en un mensaje a la nación.

La fiscal reiteró la solicitud de una pena de 34 años de cárcel contra Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, además de tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público.

Junto a Castillo son procesados los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betsy Chávez, el exministro del Interior Willy Huerta y tres expolicías, para los cuales la fiscalía pide penas de entre los 25 y 15 años de cárcel.

No acepta el juicio

Antes de que el presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, diera inicio a la apertura del juicio oral contra Castillo, el expresidente afirmó que el proceso es una «farsa» y se presentó sin abogado.

El exmandatario dio sus datos personales a la sala, dijo que no tenía abogado y pidió a la directora de audiencia, Norma Carbajal, dar a conocer públicamente una carta suya publicada en la red social X.

«Como presidente constitucional, no acepto y no me someto a ser juzgado en este ‘juicio’ por esta Sala Penal Especial», agregó Castillo en la carta al indicar que está «secuestrado» en el penal de Barbadillo.

Al hacer uso de la palabra, Castillo dijo a los magistrados que no tenía razón presentarse con un abogado porque no se puede someter a «un juicio que es una pantomima».

Añadió que no acepta la designación de un abogado de la defensa pública y que ha prescindido de los servicios de los cuatro abogados que había acreditado hasta el momento.

La jueza Carbajal explicó que al no concurrir el abogado, se nombraría un defensor público, según la normativa judicial vigente.

Los hechos imputados

Durante el alegato de la Fiscalía, Meza recordó que Castillo pidió la renuncia del comandante general del Ejército un día antes del intento de golpe, y que también coordinó su mensaje a la nación con Torres y Chávez, tal como consta en documentos digitales, según dijo.

La entonces primera ministra Chávez convocó al gabinete a la sede de la Presidencia, en el Palacio de Gobierno, para presenciar «un día histórico», aquel 7 de diciembre de 2022, y llamó al equipo de prensa que transmitió el mensaje de Castillo por televisión nacional, añadió Meza.

Igualmente, la fiscal señaló que Castillo dio la orden para impedir el ingreso al Congreso y que, tras emitir su mensaje, se dirigió con su familia hacia la embajada de México en Lima, donde buscaba recibir el asilo político, otorgado finalmente a su esposa y dos de sus hijos menores de edad.

Meza atribuyó a Castillo ser autor del delito de rebelión, dado que participó en la planificación de los hechos, con la finalidad de «modificar, de manera ilegítima, el régimen constitucional» en el país, con la participación circunstancial de sus coacusados.

También lo acusó del delito de abuso de autoridad porque, según aseguró, ordenó que se brinde seguridad en la vivienda de sus padres y coacusados, y que se detenga a la Fiscal de la Nación.

Además, la fiscal le imputó el delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, dado que el mensaje que leyó «causó gran alarma y zozobra» en el país, por las medidas que se dictaron en ese momento.

Carta de Pedro Castillo

La carta que Castillo pidió compartir en la audiencia, de siete páginas, fue difundida en su perfil en la red social X cuando estaba programado el inicio del juicio.

«En patriótica protesta, pongo en conocimiento de este tribunal, de todos los participantes, el país y el mundo, que, a partir de la fecha, con justa razón, me rehúso a participar en este juicio político, con apariencia de juicio jurídico», indicó.

Afirmó que su discurso televisado no fue un mensaje a la nación porque no lo puso en consideración ni aprobación del Consejo de Ministros como manda la Constitución, por lo que no ha cometido los delitos por los que le acusa la Fiscalía.

«Soy el único responsable de lo hecho y dicho en aquel discurso político del 7 de diciembre de 2022. Hice lo que el pueblo me pidió (…) Ninguno de mis coacusados, ninguna persona ha tenido participación directa o indirecta, antes, durante ni después», agregó acerca de los otros seis acusados.

Reiteró que a su discurso no le alcanza ningún delito ni infracción constitucional y aseguró que no hubo levantamiento armado, porque no pidió que nadie lo hiciera, ni coordinó para que esto sucediera.

Castillo agradeció a su anterior defensa, Luis Walter Medrano, por su profesionalismo, y en reemplazó nombró al abogado Iber Antenor Maraví.

Fuentes: TeleSur y EFE