Arce insta a pacto social en Bolivia

Definido como un gran acuerdo transversal con el fin de promover la unidad y la paz social, este pacto ya fue propuesto por el dignatario el 18 de enero último en el acto de presentación de los 200 días rumbo al Bicentenario (6 de agosto), desde el balcón del Palacio de Gobierno.

Al ratificar la plena predisposición gubernamental de facilitar espacios de concertación, diálogo y consenso entre actores políticos y sociales, Arce alertó que en 2025 “habrá conflictos en medio de un clima electoralizado” por los comicios generales de agosto.

Sin embargo, enfatizó en que este contexto no debe poner “en riesgo la democracia, la economía nacional y popular, y la tranquilidad del pueblo”.

“Las bolivianas y bolivianos elegimos la democracia como el camino para resolver nuestras diferencias y no debe forzarse otra vía inconstitucional”, afirmó.

En relación con la justicia, opinó que se debe acordar la ruta para completar la elección de magistrados –dos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y cinco del Constitucional Plurinacional (TCP) en Pando, Beni, Santa Cruz, Cochabamba y Tarija, tarea pendiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Respecto a la economía, propuso avanzar, acelerar y consolidar la industrialización con sustitución de importaciones, especialmente, de los recursos naturales.

Sobre el particular, pidió a la ALP la aprobación de los contratos firmados con Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) para la industrialización del litio, valorados en más de dos mil millones de dólares.

Al referirse al incremento de precios de algunos productos de consumo masivo, describió que la presión inflacionaria se concentra en bienes importados y algunos de producción nacional, vinculados al agio, el ocultamiento y la especulación, que dañan a los sectores populares.

“El Gobierno nacional para defender el bolsillo de los bolivianos ha elaborado normas legales -expresó Arce-, que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante”.

Reiteró en referencia a la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado 2025, que estas medidas no buscan confiscar la mercadería de “los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma contra aquellos que cometan el delito de agio y especulación y afecten el bolsillo de las bolivianas y bolivianos”.

Como un aspecto clave del Pacto Social definió el resguardo de la democracia, y llamó a un compromiso de todos los actores a velar por “elecciones generales limpias, transparentes y a mantener el sistema democrático a toda costa”.