Redacción
El conflicto entre el gobierno nacional y los docentes universitarios sumó un nuevo capítulo tras el rechazo generalizado al incremento salarial del 2% anunciado de manera oficial. La medida, definida de forma unilateral y sin instancias de negociación paritaria, fue recibida con fuertes críticas por parte de los representantes gremiales, quienes sostienen que el ajuste profundiza el deterioro del sistema de educación superior.
Desde el CONADU remarcaron que el aumento es insuficiente frente a una inflación que ha licuado los ingresos del sector. Según las estimaciones sindicales, la pérdida del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 alcanza el 40,5%. Además del porcentaje mencionado, la actualización incluye bonos no remunerativos que varían según la carga horaria: $12.500 para dedicación simple, $25.000 para semiexclusiva y $50.000 para dedicación exclusiva.
La situación salarial es calificada como crítica, con una mayoría del cuerpo docente percibiendo ingresos cercanos a los $250.000 mensuales. Ante este panorama, las organizaciones advirtieron que el desfinanciamiento y el congelamiento de los haberes no solo vulneran la legislación vigente, sino que ponen en riesgo la continuidad de las tareas académicas.
En las próximas semanas, los órganos de conducción gremial evaluarán los pasos a seguir. El reclamo central exige la convocatoria urgente a paritarias para discutir una recomposición integral. En caso de no obtener respuestas satisfactorias por parte del Poder Ejecutivo, los sindicatos anticiparon que el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse seriamente comprometido por la implementación de nuevas acciones directas.
