Salvo que aparezca un cisne negro que rompa con todas las expectativas, habrá quórum este miércoles en la sesión especial de la Cámara de Diputados donde se tratará un repertorio extenso de proyectos, que demandará muchas horas de debate hasta bien entrada la madrugada del jueves.
La convocatoria es a las 12 del mediodía y reunirá en el recinto a un oficialismo que va confiado a defender sus dictámenes de mayoría, y una oposición agazapada buscando la oportunidad de dar el batacazo en alguno de los temas.
"Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate", resumió en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas (NA) una diputada nacional de Unión por la Patria sobre la estrategia de la oposición.
Traducción: una vez que el oficialismo reúna el número para habilitar la sesión, la oposición dura bajará al recinto para darle una respuesta a los colectivos de discapacidad y deudores críticos.
Después de que se cayera por falta de quórum la sesión opositora del pasado jueves, las cartas quedaron del lado del oficialismo, que jugará con la cancha inclinada a su favor e intentará imponer sus propios proyectos sobre Discapacidad y endeudamiento familiar.
Esos temas también habían estado en la fallida sesión de la semana pasada y fueron incorporados por el oficialismo en el temario de este miércoles como señuelo para seducir a dialoguistas para el quórum.
El primer tema del orden del día, y con el que se iniciará el debate en el recinto, es el proyecto venido del Senado sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos, al tiempo que ratifica la vigencia de la Ley de Tierras del kirchnerismo, algo impensable meses atrás en un Gobierno que se jactaba de querer erradicar todo tipo de regulaciones a la extranjerización.
Además, aparece un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo (como el fentanilo, cuyo brote de ampollas contaminadas provocó la última gran tragedia sanitaria), que fuera trabajado por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la ex legisladora Mónica Fein, y otra iniciativa para endurecer las penas contra el vandalismo rural.
A La Libertad Avanza le interesa imponer sus propios dictámenes para bloquear los proyectos de la oposición, que implican una prorroga de la emergencia de la Discapacidad (que obliga a jueces a resolver con urgencia solicitudes de pensión y compensaciones a prestadores) y un plan de refinanciación de deudas a morosos con quita de punitorios y topes a las tasas de interés.
En el caso del proyecto sobre Discapacidad, el oficialismo no debería pasar apuros ya que tiene cerrado el dictamen a partir de concesiones a pedido de Argentina Federal y el MID.
El proyecto ciertatamente incorpora todo el esquema de beneficios incorporados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una ley de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.
La oposición se aferra a la prórroga de la emergencia (por un año más, hasta el 31 de diciembre de 2027) porque por su propia naturaleza genera mayores condiciones de exigibilidad a jueces para que resuelvan de manera perentoria las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y las compensaciones no pagadas a los prestadores.
Además sostiene que el proyecto del oficialismo mantiene separadas la pensión por invalidez laboral y la pensión por discapacidad, y endurece los requisitos.
También argumentan que la ley propuesta por La Libertad Avanza y sus aliados delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo, y permite suspender pensiones sin debido proceso, por simple cruce de datos.
Tampoco garantiza el financiamiento, ni asegura el pago de la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario del 30,67%.
Desde el conglomerado opositor se jactan de contar con el apoyo para prorrogar la emergencia del Consejo Federal de la Discapacidad (COFEDIS), de todas las organizaciones de y para personas con discapacidad, del Foro Permanente Discapacidad, de las asociaciones de prestadores y transportistas, y de la Pastoral Social de la Conferencia Espiscopal.
"Lo de ellos es muy regresivo, por eso las organizaciones están a favor de nuestro pedido", señaló la diputada nacional de Unión por la Patria consultada por la Agencia NA.
En el caso del proyecto sobre morosidad familiar, el escenario está mucho más abierto y casi cualquier cosa puede ocurrir en el recinto.
El dictamen de mayoría, firmado por LLA, el PRO y la UCR, hace hincapié en brindar información detallada sobre créditos al usuario para prevenir situaciones irregulares, pero no interviene ni con tasas máximas ni con planes de refinanciación para deudores críticos.
En cambio, el proyecto de Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, denominado "ley de regularización y alivio financiero", declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas, al cual pueden adherir personas que tengan una mora de más de 60 días y por montos de hasta dos canastas básicas totales hogar tipo 2 (actualmente 3.265.010 pesos).
En tanto, se fija como cuota máxima un monto que no supere el 30% de los ingresos de las personas.
Agencia NA
