Ecuador: Conaie ratifica el paro con movilización ante represión

La agresión tuvo lugar en los sectores de San Miguel del Común y Santa Anita, al norte de la capital ecuatoriana. El comunero, desarmado, se acercó a la Policía Nacional para pedir que dejaran de lanzar gases lacrimógenos al interior de las viviendas.

Según un vídeo difundido por la CONAIE en sus redes sociales, el incidente muestra la brutalidad con la que actuaron los uniformados: el comunero es empujado y, posteriormente, un policía dispara un perdigón.

Un segundo impacto, realizado a una distancia de aproximadamente cinco metros, alcanzó directamente el rostro de Jaime S. Imágenes difundidas muestran su ojo derecho ensangrentado, lo que confirma la gravedad del ataque.

La violencia continuó incluso después de la herida. La CONAIE denunció que Jaime, su familia y el personal médico que lo asistía en el hospital fueron víctimas de hostigamiento por parte de la policía.

La escalada represiva del Estado se extiende a otras provincias. En Otavalo, la Comuna San Pedro de Cotacachi informó que Braulio Steven Morales Farinango, de 18 años y deportista, resultó herido gravemente el pasado 14 de octubre.

El joven fue impactado por una bala militar, lo que obligó a una amputación de pierna. Su estado de salud se mantiene en condición crítica. La Comuna San Pedro condenó enérgicamente el ataque, calificando al Gobierno de «asesino» y señalando que el uso de munición militar es una prueba de que las fuerzas del orden están atacando a su pueblo. «El hermano se está debatiendo entre la vida y la muerte… queremos justicia», declararon.

Las denuncias de violencia ocurren mientras el paro nacional, que lleva cuatro semanas de intensas protestas, continúa. Las movilizaciones se dirigen contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas neoliberales del Gobierno.

La CONAIE ha rechazado los acuerdos parciales firmados por el Ejecutivo con ciertos representantes de Imbabura, acusando a Noboa de buscar la fragmentación del movimiento. La dirigencia y las bases comunitarias exigen la derogación del decreto del diésel y, ante la creciente violencia (que incluye el asesinato de tres civiles), demandan el cese de la represión, la no criminalización de la protesta legítima y la liberación de los detenidos. TeleSur