Pese a que protestan de manera pacífica, los manifestantes denunciaron una represión desmedida por parte del Gobierno y que sus reclamos legítimos no son escuchados.
America Latina13 de octubre de 2025
RedacciónLas manifestaciones lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) contra la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas antipopulares cumplen este lunes cuatro semanas sin señales de acercamiento con el Gobierno de Daniel Noboa, pese a los llamados al diálogo por parte de la iglesia Católica, académicos y organismos internacionales.
Desde el pasado 22 de septiembre, cuando entró en vigor la eliminación del subsidio estatal al diésel, las protestas se han extendido a diversas provincias, con especial fuerza en la Sierra Norte, donde se registran bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Los manifestantes no solo exigen la restitución del subsidio al diésel, sino también mayor inversión en salud y educación, así como la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que el Ejecutivo elevó del 12 al 15% con el argumento de financiar la lucha contra la violencia. Sin embargo, los índices de inseguridad no han disminuido —por el contrario, continúan al alza—, generando un creciente descontento social.
Miles de manifestantes que se congregaron pacíficamente en las inmediaciones del parque El Ejido, en el centro de Quito, fueron dispersados por un operativo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en medio de denuncias por el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y bombas aturdidoras.
El despliegue militar, calificado como “desproporcionado”, se realizó pese a que no se registraron actos de vandalismo ni ataques a la propiedad pública o privada, según pudo constatar en el terreno la corresponsal de teleSUR, Elena Rodríguez.
“Pude documentar que en todo momento la protesta fue pacífica, pese al asedio y la intimidación. La gente quería hacerse escuchar, no destruir. Llevaban banderas y carteles, no armas ni piedras”, relató Rodríguez desde Quito.
La periodista también denunció que varios equipos de prensa fueron agredidos durante la cobertura: “Una bomba pasó muy cerca de mí; alcanzó a golpear a un compañero fotoperiodista que llevaba casco. Disparaban al cuerpo. Tampoco les importó que hubiera niños o personas mayores”, explicó.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que “la ciudad quedó en paz” tras los operativos de control, justificando el accionar de las fuerzas de seguridad.
El Gobierno ha calificado a los manifestantes de “vándalos y terroristas”, e incluso ha insinuado presuntos vínculos con el crimen organizado, acusaciones que la Conaie ha rechazado tajantemente.
Entre los detenidos, 12 personas enfrentan cargos por terrorismo, y cinco fueron aprehendidas —y posteriormente liberadas por falta de pruebas— tras ser señaladas de atacar la caravana presidencial en la provincia de Cañar.
Según datos del Ministerio del Interior, el paro nacional ha dejado, hasta la fecha, 118 detenidos y una víctima mortal, el comunero kichwa Efraín Fuérez, fallecido por acción de la fuerza pública. Mientras que la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó más de 250 vulneraciones de derechos humanos durante las jornadas de movilización.
El Gobierno de Noboa insiste en que no dará marcha atrás con la eliminación del subsidio, argumentando que la medida busca “estabilizar las cuentas fiscales” y redirigir recursos hacia los sectores más vulnerables. TeleSur
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