Un grupo de 21 municipios presentó el pasado viernes una nueva acción civil pública contra las empresas mineras Samarco, Vale y BHP Billiton por la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, Minas Gerais, en noviembre de 2015. Piden a las empresas pagar R$ 46 mil millones en indemnizaciones por la que se considera la mayor tragedia ambiental del país, que provocó la muerte de 19 personas y tres desaparecidas.
Mercosur04 de marzo de 2025
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La acción se tramita en el 4º Juzgado Civil Federal de Belo Horizonte. Entre los municipios afectados por el colapso de la represa están Mariana y Ouro Preto, en Minas Gerais, y otros de Espírito Santo y Bahía.
Estos municipios no adhirieron al acuerdo de renegociación aprobado en noviembre de 2024 por el Supremo Tribunal Federal (STF).
En la demanda, los autores argumentan que no ha habido una reparación efectiva 10 años después de la tragedia.
“No es de extrañar que las cantidades ofertadas por las empresas sean absolutamente insuficientes y prescindan de una serie de factores de máxima relevancia para el cálculo del importe final adeudado”, señala uno de los extractos de la acción.
“Los municipios quedan completamente desprotegidos, desde el punto de vista jurídico, frente a la necesidad de resarcir los daños que han tenido que soportar a lo largo de todos estos años. “En el momento actual no existe ningún indicio ni certeza jurídica respecto de las posibles indemnizaciones por los daños sufridos por dichas entidades federativas”.
En la acción civil, los autores calculan que Minas Gerais y Espírito Santo perdieron, entre 2015 y 2018, alrededor de R$ 250 mil millones de Producto Interno Bruto (PIB), con proyecciones de pérdidas futuras entre R$ 455 mil millones y R$ 547 mil millones hasta 2034. Otra estimación es que las pérdidas de ingresos públicos en Minas Gerais y Espírito Santo llegarán a R$ 81,6 mil millones entre 2019 y 2034.
Para los autores, “si bien es imposible conocer el alcance real futuro de los daños a la economía de los municipios afectados, es claro que los montos asignados a los mismos en la renegociación” no incluyen esas pérdidas.
A modo de comparación, la Municipalidad de Mariana estimó, en 2015, que las pérdidas en términos de infraestructura, vivienda privada y equipamientos públicos superaron cuatro veces el valor de las regalías pagadas por Samarco ese año.
Proceso de reparación
La renegociación del proceso de reparación de los daños causados por el colapso de la represa de la minera Samarco fue firmada el año pasado y aprobada por el STF. El nuevo acuerdo se negoció en busca de soluciones a los impasses que persisten más de 9 años después de la tragedia.
Entre varias medidas, se previó la transferencia de recursos a las alcaldías de estos municipios.
Pero había una condición: desestimar la acción de indemnización por daños y perjuicios que se estaba tramitando en los tribunales ingleses. Sin embargo, hasta el momento sólo cuatro han confirmado su baja. Los otros 42 continúan buscando indemnización por daños y perjuicios fuera de Brasil.
El acuerdo de renegociación dio a los ayuntamientos 120 días para decidir sobre la membresía del municipio. El plazo comienza a correr a partir de la fecha de aprobación por parte del STF, que ocurrió el 6 de noviembre de 2024. Por lo tanto, la decisión puede tomarse hasta el 6 de marzo.
Diferentes municipios han mostrado una tendencia a permanecer centrados en el proceso que se tramita en los tribunales ingleses.
Rotura de presa
La represa que rompió el 5 de noviembre de 2015 estaba ubicada en la zona rural del municipio de Mariana (MG), en un complejo minero propiedad de Samarco, una empresa conjunta cuyos accionistas son la angloaustraliana BHP Billiton y la brasileña Vale. En ese momento, alrededor de 39 millones de metros cúbicos de residuos fluían por la cuenca del Río Doce hasta su desembocadura en Espírito Santo.
Diecinueve personas murieron, dos distritos -Bento Rodrigues y Paracatu- quedaron completamente destruidos y hubo impactos en las poblaciones de decenas de municipios de Minas Gerais y Espírito Santo.
El juicio en Inglaterra había sido suspendido el 20 de diciembre por el receso de fin de año y se reanudó el lunes pasado (13). En él, cerca de 620 mil personas afectadas, además de municipios, comunidades indígenas y quilombolas, empresas e instituciones religiosas, demandan a BHP Billiton, que tiene su sede en Londres. Se enumeran pérdidas de propiedades e ingresos, aumento de gastos, impactos psicológicos, impactos por el desplazamiento y falta de acceso a agua y electricidad, entre otras pérdidas.
La acción, que está en curso desde 2018, entró en la etapa de juicio sobre el fondo en octubre del año pasado. Al final de las audiencias, que se espera que duren hasta marzo, los jueces determinarán si la minera es o no responsable. De ser así, el tribunal comenzará a analizar las reclamaciones de indemnización individuales, lo que podría prolongarse hasta finales de 2026.
Agência Brasil contactó con las oficinas de prensa de Samarco y Vale y está abierta a comentarios.
Abogado
“Los alcaldes siempre han dejado clara su disposición a negociar, pero la intransigencia de las empresas y el acoso judicial a los municipios son sintomáticos del comportamiento de los responsables del mayor desastre ambiental de Brasil en casi 10 años. El nuevo ACP presentado por los municipios afectados es una reacción a las empresas mineras que, en lugar de hacer una oferta verdaderamente justa de reparación integral a los municipios, están jugando a la ruleta rusa con los activos de sus accionistas. "El juicio en Inglaterra está ahora en su fase decisiva y nunca hemos estado más seguros de que obtendremos una compensación justa y completa por el enorme daño causado a los municipios y a los afectados", dijo Tom Goodhead, director del bufete de abogados que representa a las víctimas de la acción en Inglaterra.
Fuente: Agencia Brasil
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