

En la aparente democracia que estamos padeciendo, hay tres sujetos que actúan mostrando el más absoluto desprecio por la voluntad de las mayorías populares. Hoy son el residuo devaluado de un instituto que debe revisarse con urgencia. La Corte Suprema de Justicia no puede ser un triunvirato deslegitimado que decide cuando quiere sobre los temas que elige arbitrariamente sin que haya instancia alguna capaz de cuestionar sus acciones.
Ayer dejó sin efecto una decisión de los representantes directos del Pueblo (Diputados) y de las Provincias (Senadores), exigida por movilizaciones multitudinarias en todo el país. Desoyendo el pronunciamiento popular plasmado en ley, tres firmas estampadas en la oscuridad de un despacho blindado burlaron (apelando a un tecnicismo) esa voluntad reclamada en la calle y refrendada por ambos cuerpos legislativos.
Se agotó el tiempo de esperar comportamientos virtuosos por parte de quienes defraudan a diario su función específica: garantizar la supremacía de la Constitución Nacional.
Si el 10 de diciembre de 2027 asume un gobierno popular, antes de que termine el día tiene que propiciar, a través de los mecanismos constitucionales correspondientes, el cese de este patético trío que ofende sistemáticamente al órgano máximo del Poder de la República que debe encabezar.
No hay país viable si la actual situación no se revierte.



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