Fiscal de Bolivia denuncia chantaje de EE.UU. por investigar a Cerimedo

El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, denunció que la revocación de su visado diplomático por parte del Gobierno de Estados Unidos responde a un intento de injerencia geopolítica para frenar investigaciones de alto nivel por narcotráfico y corrupción estatal que involucran al operador de extrema derecha Fernando Cerimedo.

Mariaca enfatizó que la medida punitiva de la Casa Blanca busca blindar al asesor de campañas de la derecha continental y frenar las causas judiciales por legitimación de ganancias ilícitas y red de influencias que salpican a sectores del Ejecutivo.

Pese a las presiones internacionales y las solicitudes de renuncia impulsadas por sectores del Legislativo, el fiscal general ratificó que no retrocederá «ni un centímetro» en el esclarecimiento de las denuncias formuladas por la ciudadana Nadia Beller, sobreviviente de un intento de feminicidio, quien expuso audios y pruebas sobre la presunta existencia de un esquema de cobro de sobornos y facilitación al narcotráfico en el país andino.

Las acciones coercitivas de Washington afectaron a un grupo de 13 operadores de justicia, incluidos jueces, fiscales y exautoridades de las fuerzas de seguridad, lo que analistas y dirigentes calificaron como un intento de reimponer la tutela política que la embajada estadounidense ejercía históricamente sobre las instituciones judiciales bolivianas.

Voceros institucionales cuestionaron el sesgo de las sanciones, señalando el doble rasero de la Casa Blanca al atacar a los administradores de justicia mientras protege al propio Cerimedo, vinculado estrechamente a sectores políticos ultraconservadores de la región.

Frente a la embestida y el intento de someter el Poder Judicial mediante el chantaje, la Fiscalía General de Bolivia ratificó su compromiso con la soberanía jurisdiccional y la lucha contra la impunidad.

Las investigaciones sobre el aparato de corrupción continuarán en el marco de la legislación nacional, desmantelando las operaciones de la extrema derecha regional que pretende desestabilizar la transparencia institucional del Estado Plurinacional.

Por su parte, el presidente del Senado de Bolivia, Diego Ávila, junto al titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, hicieron pública una solicitud formal dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores para exigir a la Casa Blanca, mediante los canales diplomáticos pertinentes, la remisión del expediente oficial sobre las acusaciones contra operadores del sistema judicial.

Ávila subrayó que la seriedad del asunto demanda un tratamiento institucional riguroso, enfatizando que «una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas». En ese marco, la representación parlamentaria requirió al vicepresidente del país y presidente del Poder Legislativo, Edmand Lara, convocar a una sesión extraordinaria para evaluar el caso.

Durante el pronunciamiento, se planteó que el fiscal general de la República se separe temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las averiguaciones, como una acción orientada a preservar la transparencia de las instituciones democráticas del Estado Plurinacional. TeleSur