RedacciónEl gobierno peruano declaró el estado de emergencia por 60 días en Pisco y San Andrés, dos distritos situados en
la región costera de Ica, al sur de la capital, Lima.
La medida, adoptada para frenar una ola de delincuencia, suspende cuatro derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.
La policía mantendrá el orden público con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se requerirá autorización previa para la celebración de eventos multitudinarios.
El gobierno extendió la medida excepcional a varias provincias de las regiones de Tumbes y La Libertad, así como a ciertas zonas estratégicas del país.
Estas decisiones amplían el endurecimiento de las medidas de seguridad que ya lleva semanas vigente en Lima y en el vecino Callao, donde las autoridades buscan "combatir la delincuencia y otras situaciones de violencia".
El plan de intervención del gobierno también contempla estrictos controles penitenciarios que incluyen vigilancia militar, pruebas de polígrafo para el personal de custodia y el desmantelamiento de antenas ilegales.
Se implementarán sistemas de bloqueo de señales electrónicas en el interior de las celdas para aislar a los reclusos e impedir las comunicaciones de organizaciones criminales. ANSA
