Presidente boliviano asegura que el proceso democrático no está en peligro

Paz responsabilizó a actores del “pasado” de buscar afectar la economía y provocar confrontación social. “Esto es un proceso democrático de la patria y es irreversible. Le guste o no le guste al que quiera desmontar o destruir la patria democrática”, afirmó.

Violentos enfrentamientos entre mineros artesanales y fuerzas de seguridad sacudieron este jueves el centro de La Paz, en medio de una protesta que derivó en disturbios cerca de la sede del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Los manifestantes, que exigían inicialmente mayores áreas de explotación, acceso a combustible y cambios regulatorios, intentaron avanzar hacia la Plaza Murillo, donde se ubican el Palacio de Gobierno y el Congreso, donde la policía respondió con el lanzamiento de gases lacrimógenos para contener a las columnas mineras, mientras se registraban explosiones de dinamita en varias calles del casco histórico.

Aunque una delegación minera sostuvo conversaciones previas con autoridades nacionales, incluyendo al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien afirmó que el Ejecutivo estaba “abierto al diálogo”, las negociaciones no lograron frenar la escalada de tensión. Parte de los grupos movilizados endureció su postura y comenzó a exigir directamente la renuncia de Rodrigo Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses prometiendo reformas para estabilizar la economía.

«Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos, peticiones sectoriales. Acá hay un pedido único de parte del pueblo movilizado, que es el alejamiento y la renuncia del presidente», expresó Mario Argollo, máximo representante de la COB, sobre la escalada de las demandas de los manifestantes.

La conflictividad social se amplifica con los bloqueos de rutas impulsados por campesinos, organizaciones indígenas y sindicatos, que han provocado demoras en el transporte de alimentos, medicamentos y oxígeno hospitalario. El grupo de campesinos aymaras conocido como los “Ponchos Rojos” mantiene cierres de caminos y marchas hacia la vecina ciudad de El Alto.

El Gobierno atribuyó parte de la desestabilización al expresidente Evo Morales, siendo calificada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, como un “bloqueo político… con fines de desestabilización”. Morales rechazó las acusaciones y respaldó las movilizaciones desde su cuenta en la red social X, sosteniendo que “mientras no se aborden las reivindicaciones estructurales, como las relativas al combustible, la comida y la inflación, la revuelta no se detendrá”.

El exmandatario añadió que los protestantes actúan motivados por la “rabia contra un gobierno que traicionó a sus electores”. La crisis política se agrava además por una nueva orden judicial para que Morales comparezca ante la justicia por un caso de presunto abuso, lo que ha incentivado marchas de sus seguidores hacia la capital, sumándose a una escalada de protestas simultáneas que cuestionan la gobernabilidad del país.

La protesta se desarrolla en un contexto de profunda crisis económica en Bolivia, caracterizada por la escasez de dólares, dificultades para importar combustible y problemas de abastecimiento que afectan a la población. La policía ha anunciado operaciones junto a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras, mientras que los manifestantes mantienen su postura de exigir el cumplimiento de sus demandas. TeleSur - <Opinión