
La Cámara de Industrias de Guayaquil y la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) emitieron una declaración conjunta para expresar su rechazo a la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de aumentar los aranceles del 30 % al 50 % a productos provenientes de Colombia.
El comunicado advierte que la escalada comercial amenaza la sostenibilidad del empleo formal y la continuidad de empresas que durante décadas han consolidado su actividad en el intercambio bilateral, poniendo en riesgo al menos 40.000 puestos de trabajo en Ecuador. En consecuencia, pidieron a Noboa retomar las conversaciones con Bogotá y evitar que se agudice la crisis.
Colombia representa el quinto destino más importante de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, con envíos superiores a 65 millones de dólares mensuales.
Según los gremios, los aranceles de Noboa y la consiguiente respuesta de Colombia —que incluye la suspensión por Bogotá de la venta de electricidad a Quito— ya genera efectos negativos como la suspensión de contratos por parte de compradores colombianos, incremento de costos logísticos y un clima de incertidumbre que afecta directamente a productores, exportadores y trabajadores de toda la cadena productiva.
Fedexpor aseguró que el aumento de aranceles no resuelve los desafíos de seguridad fronteriza y, en cambio, perjudica el comercio formal, dejando a los puestos de trabajo vulnerables frente a actividades ilegales y al contrabando.
Por su parte, la Federación Ecuatoriana de Exportadores insistió en la necesidad de reforzar los controles y la cooperación entre ambos países para enfrentar la delincuencia, y afirmó que la manera más eficiente de garantizar la seguridad es preservar un comercio formal, libre y transparente.
En la declaración, los gremios instan a ambos Gobiernos a reanudar de manera inmediata las conversaciones al más alto nivel, con el objetivo de suspender los aranceles y establecer un mecanismo que garantice mayor seguridad en la frontera.
El impacto en el sector transporte también es significativo. Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, aseguró que la medida redujo el trabajo en un 95 %, generando pérdidas inmediatas para transportistas y empresas logísticas. Anunció protestas si el Gobierno de Noboa no gestiona de manera adecuada la crisis.
La tensión comercial comenzó el 21 de enero, cuando Noboa implementó un gravamen del 30 % a productos colombianos, bajo el argumento de la falta de medidas efectivas de Colombia contra el crimen organizado y el narcotráfico en la frontera. En respuesta, Bogotá adoptó aranceles sobre 73 productos ecuatorianos y restringió el ingreso por vía terrestre de productos como arroz, camarón, banano y hortalizas, además de cortar el suministro de electricidad a Ecuador.
teleSUR:


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