RedacciónCuba incentiva con nueva política la inversión en fuentes de energía renovable, como respuesta al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a finales de enero que ahondó hasta niveles desesperantes la crisis interna en la escasez de combustible.
El 19 de febrero, el Ministerio de Finanzas y Precios de esta nación insular caribeña publicó en la Gaceta Oficial la Resolución 41, que actualiza beneficios fiscales asociados al uso y la importación de componentes o equipos relacionados con el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
Si bien mantiene algunos beneficios dispuestos en mayo de 2025, la norma extiende su radio a las personas naturales que realizan actividades económicas –trabajadores autónomos, por ejemplo– y los exime de impuestos sobre los ingresos personales por la instalación de fuentes renovables de energía, sea para su autoconsumo o entrega de energía a la red eléctrica nacional.
“Hoy hay muchas facilidades que antes no había. El banco está dando créditos. Y esta ley nueva es muy buena, porque te quitan los impuestos”, dijo a IPS Félix Morffi, de 88 años, que suministra desde hace más de una década energía “limpia” a varios talleres –entre ellos, uno de automóviles y uno de tornería– a los que tiene arrendados en su propiedad.
La exención de impuestos, según la resolución, se mantendría hasta que se cubra la cuantía de la inversión en paneles solares durante el período de su recuperación por un plazo de hasta ocho años.
“Es un beneficio y un impulso que le da el gobierno a los trabajadores por cuenta propia (especie de autónomos, según la ley cubana), para que traten de poner energía renovable y puedan independizarse de la red eléctrica y ser autosustentables”, dijo a IPS Néstor Pérez, de 47 años, vinculado al mismo proyecto de Morffi, llamado Patio el Triunfo.
El restaurante Doña Alicia, ubicado en la capital, se aventuró a invertir en paneles solares hace apenas tres meses, a raíz de la crisis de los apagones programados o no que sufre el país como consecuencia de no poder cubrir, con sus termoeléctricas, parques fotovoltaicos y otras fuentes, la mitad de la demanda nacional.
“Es un beneficio y un impulso que le da el gobierno a los trabajadores por cuenta propia (autónomos), para que traten de poner energía renovable y puedan independizarse de la red eléctrica y ser autosustentables”: Néstor Pérez.
El negocio empezó invirtiendo en la generación de unos cinco kilovatios promedio, cifra que se quintuplicó y llegó a sostener 25 % de su consumo total, entre luminarias, hornos y su sistema digital.
“Doña Alicia es un restaurante tecnológico, por lo cual necesita 100 % de autonomía eléctrica para la parte de informática, de otra forma no funciona la parte de tomar órdenes ni el funcionamiento de la cocina. Todo aquí es digital”, dijo Yadiel Hernández, director general de esta pequeña empresa privada.
A Hernández le parece positiva la nueva resolución, incluso beneficia un proyecto de su empresa de construir una especie de aparcamiento, alimentado con paneles solares y con servicios de carga para vehículos eléctricos.
“Nos generaría corriente, y personas que tienen carros eléctricos cargarían allí y se les cobraría el servicio… La idea de nosotros es ser 100 % autónomos e incluso exportar (electricidad) a un policlínico o un círculo de abuelos”, dijo.
La escasez de carburantes en Cuba ya ha empezado a repercutir duramente en el aumento de los precios del transporte, así como en el de la gasolina en el mercado negocio, que ya alcanza a más de ocho dólares el litro.
Ante esta crisis, el gobierno cubano anunció el 6 de febrero medidas de racionamiento de combustible, pero también la descentralización al importar combustible. Antes solo se importaba desde la administración central del Estado, pero ahora cualquier empresa, en teoría, puede hacerlo, aunque no ha salido todavía una norma que regule el proceso.
No obstante, ya se reportado en las redes sociales que, en la práctica, empresas privadas ya están trayendo combustible, una información que constató el economista cubano Daniel Torralbas, especializado en el sector privado, al ser consultado por IPS.
“Por primera vez se desmonopoliza la importación de combustibles fósiles. Pero lamentablemente, las reglas no están sobre la mesa, no se conocen. Y eso atenta contra la efectividad de la medida, porque hace falta informar para que lo haga la mayor cantidad de gente posible”, dijo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una nueva guía el miércoles 25, indicando a las empresas estadounidenses que consideraría favorablemente las solicitudes de licencias para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba.
“Esta política favorable de licencias está dirigida a las transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, las exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)”, informó la oficina.
El anuncio amplía otra guía emitida por el Departamento de Comercio ese mismo día, que autoriza las exportaciones de petróleo a Cuba para “actividades económicas del sector privado y aquellas vendidas directamente a particulares para uso personal o familiar”, sin necesidad de autorización gubernamental.
Ambas instituciones insistieron en que las empresas no pueden vender el petróleo al gobierno cubano ni al ejército.
La medida afloja el cerco petrolero a Cuba, días después de que la Corte Suprema de Estados Unidos derogara la orden ejecutiva del 29 de enero firmada por el presidente Donald Trump –junto a otras–, que amenazaba con imponer aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.
El sector privado –y la población en general–, sin embargo, al parecer aún ve beneficioso, y quizás más seguro a largo plazo, invertir en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía.
Osvaldo Sánchez, trabajador autónomo e ingeniero eléctrico de 30 años, dijo a IPS que desde enero pasado han aumentado cuatro veces los encargos de instalación de paneles solares.
Antes sus ingresos procedían principalmente de otros tipos de encargos menos remunerados de su campo profesional –instalación de sistemas eléctricos, luminarias, etcétera–, por lo que la actual crisis de carburantes le ha beneficiado económicamente.
“A río revuelto, ganancia de pescadores”, resumió Sánchez su situación.
Desde 2019, cuando el gobierno emitió el Decreto-Ley No. 345 sobre el “desarrollo de las fuentes renovables y el uso eficiente de la energía”, se convirtió en prioridad esa política.
Cuba pretende que las fuentes renovables de energía representen 24 % de su matriz energética hacia 2030.
El Ministerio de Finanzas y Precios emitió en 2021 la Resolución 359, que fijaba el precio por la energía –procedente de fuentes renovables– entregada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por productores independientes del sector residencial: el equivalente a unos 0,025 dólares al cambio oficial de entonces.
En octubre de 2023, el mismo ministerio aprobó la Resolución 238, que duplicó ese monto.
Pero el coste de pagar la electricidad por el sistema electroenergético nacional siguió siendo ínfimamente menor que el de importar o comprar en divisas los paneles solares.
Salía más rentable no invertir en fuentes de energía renovable, pero a medida que empeoraban la constancia de los cortes eléctricos y la escasez de combustible, se iba volviendo más atractiva dicha inversión.
Para acelerar la transformación de la matriz energética, el gobierno optó por imponer la inversión en fuentes renovables de energía, a través del Decreto 110, publicado el 26 de noviembre de 2024.
Según la norma, los actores económicos estatales y privados, representaciones de instituciones extranjeras y formas asociativas deben garantizar en las nuevas inversiones que se consideren “altas consumidoras de portadores energéticos”, que la mitad de la electricidad que consuman en horario diurno sea con fuentes renovables de energía.
Las entidades consideradas altas consumidoras –aquellas que, en los últimos 12 meses del año, promedian un consumo de 30 000 o más kilovatios (KW) o 50 0000 litros de combustible–, tendrían tres años para realizar dichas inversiones.
Pero antes del cumplimiento del plazo establecido por el decreto, que buscaba reducir la carga del Estado, llegó el bloqueo petrolero de Trump y el gobierno tuvo que buscar nuevos métodos de incentivar la inversión en energía renovable, como la Resolución 41, o abrir la posibilidad a privados de vender a terceros la energía que generan, como se anunció entre las medidas del plan de contingencia, el 6 de febrero.
Además, otra disposición gubernamental consistió en instalar 10 000 módulos de paneles solares previstos para trabajadores de la salud y la educación, 5000 para viviendas y comunidades aisladas y otros 5000 para bancos, hogares de ancianos y niños sin amparo familiar, instituciones hospitalarias y otros centros de interés social.
Por Daniel Pradas, IPS
