En la mañana de este jueves el Gobierno de Tucumán, a través de un operativo interdisciplinario, procedió a intimar el desalojo de ocupaciones irregulares en las márgenes del Río Salí. El procedimiento se centró en el sector sur oeste del puente Lucas Córdoba, donde se constató la existencia de construcciones en zonas consideradas de alto riesgo y de dominio público.
El operativo estuvo encabezado por el fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, junto a representantes de la Dirección Provincial del Agua (DPA) y la Dirección de Catastro. Además, contó con la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia para garantizar el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas.
Desde el Ejecutivo provincial explicaron que la medida se enmarca en la política de "tolerancia cero a las usurpaciones de tierras fiscales" impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone. Según se informó, las actuaciones administrativas previas confirmaron que las construcciones se encuentran dentro de la "línea de ribera" del río, una zona clasificada como de riesgo hídrico.
Raúl Ferrazzano, fiscal de Estado Adjunto, detalló que estas ocupaciones "comprometen la seguridad de personas y bienes, además de afectar el normal funcionamiento del sistema hidráulico provincial". En este sentido, las autoridades remarcaron que el objetivo prioritario es "preservar la seguridad de las personas, el espacio público, prevenir riesgos ante eventuales crecidas del río y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial y protección ambiental".
Junto a Ferrazzano, participaron del procedimiento el director de Catastro, Alejandro Navarro; y los funcionarios Hugo Vitale (Fiscalía) y Juan Pablo Occhipinti (DPA), quienes procedieron a realizar las notificaciones correspondientes a los ocupantes del lugar.
