RedacciónCon pancartas y lemas como "Queremos trabajar", los vendedores ambulantes afirmaron que la inspección les ha impedido ejercer su actividad y exigieron un diálogo directo con el alcalde Eduardo Cavaliere.
La protesta se produce un día después de que el gobierno municipal anunciara el Programa de Tolerancia Cero contra la Explotación Ilegal del Espacio Público, que prevé la vigilancia permanente a partir del 16 de julio en Leme, Copacabana, Ipanema y Leblon. Según la administración municipal, el objetivo de la acción es desmantelar las estructuras vinculadas al crimen organizado que explotan ilegalmente los establecimientos comerciales en espacios públicos, y no a los trabajadores debidamente autorizados.
"El objetivo es combatir la explotación ilegal del espacio público por parte del crimen organizado. Vender productos de origen ilegal o alquilar equipos de origen delictivo es un delito. Cuando no se cuenta con autorización legal, no se puede realizar ninguna actividad económica en el espacio público", declaró el alcalde Eduardo Cavaliere durante el lanzamiento del programa.
El secretario municipal de Orden Público, Marcus Belchior, destacó que la operación será permanente y se basará en acciones de inteligencia desarrolladas en conjunto con las fuerzas de seguridad. "Sumando Leme, Copacabana, Ipanema y Leblon, ya hemos identificado más de mil puntos de venta que operan ilegalmente. Realizaremos inspecciones diarias, patrullajes visibles, incautación de mercancía irregular y operativos contra almacenes clandestinos", afirmó.
Durante la manifestación, los vendedores ambulantes entrevistados por Agência Brasil afirmaron que esta categoría se ha asociado generalmente con el crimen organizado y argumentaron que solo deberían ser castigados quienes cometan irregularidades.
Marcos da Silva, vendedor ambulante en Copacabana desde hace más de 20 años, afirmó que nunca había presenciado que delincuentes cobraran por trabajar en el paseo marítimo.
"Están intentando vincular a los vendedores ambulantes con el crimen organizado. Llevo más de 20 años trabajando en Copacabana y ningún narcotraficante ni miembro de una milicia nos ha acusado jamás de nada. Si alguien está haciendo algo mal, que investiguen y despidan al responsable. Pero dejen que el trabajador siga trabajando", afirmó.
Según él, muchos vendedores ambulantes llevan años esperando la regularización por parte del ayuntamiento: "La gente tiene protocolos antiguos, que datan de 2001, pero el ayuntamiento no los legaliza. Lo que queremos es el derecho a trabajar".
Otra participante en la manifestación, Jéssica Bárbara Cavalcanti, vende ropa cerca de las escaleras de Selarón en Lapa, una zona donde se han iniciado operativos policiales en las últimas semanas. Madre de tres hijos, comentó que lleva unos 20 días sin poder trabajar.
"El alcalde no nos deja trabajar. Tengo tres hijos que mantener. Queremos regularizar nuestra situación, pero no obtenemos respuesta."
La coordinadora del Movimiento Unido de Vendedores Ambulantes (Muca), Maria de Lourdes do Carmo, conocida como Maria dos Camelôs, afirmó que el movimiento está de acuerdo con la necesidad de supervisión, pero argumenta que la ciudad debería avanzar con la regularización de los trabajadores que están a la espera de autorización.
"Queremos organización. El gobierno municipal debe ver a los vendedores ambulantes como trabajadores. Si alguien comete una irregularidad, hay que apartar a la persona que la comete, no a toda una categoría."
Según ella, hay trabajadores registrados desde 2009 que esperan autorización para operar legalmente. "Cuando se autoriza un puesto por CPF (número de identificación fiscal individual brasileño), se evita que los comerciantes ocupen varios espacios y empleen a mucha gente ilegalmente. El problema es que esta lista de espera está estancada".
María también afirmó que el movimiento tiene la intención de discutir el tema directamente con el alcalde.
"No queremos más reuniones con la secretaria. Queremos reunirnos con el alcalde de la ciudad. Él es el responsable de las políticas públicas."
Establecido por decreto municipal, el Programa de Tolerancia Cero establece una política permanente para el control del comercio ilegal en el litoral de Río de Janeiro. La operación será coordinada por la Secretaría Municipal de Orden Público (SEOP), con el apoyo de la Guardia Municipal, las fuerzas de seguridad del Estado y el Centro de Operaciones y Resiliencia (COR).
Entre las medidas previstas se incluyen inspecciones diarias de vendedores ambulantes no autorizados, incautación de mercancías sin prueba de origen, redadas contra almacenes ilegales, eliminación de estructuras irregulares y vigilancia mediante drones y cámaras.
Según el gobierno de la ciudad, la labor de inteligencia ha identificado aproximadamente mil puntos de venta ilegales y 22 almacenes clandestinos que forman parte de la logística utilizada para abastecer este comercio. Se estima que esta estructura genera aproximadamente R$ 100 millones al año.
El decreto también estipula que los bienes y equipos podrán ser confiscados cuando no exista documentación tributaria que acredite su origen lícito. Su devolución dependerá de la presentación de la prueba de propiedad y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación municipal.
El gobierno municipal afirma que los vendedores autorizados legalmente continuarán operando con normalidad e informa que tiene la intención de ampliar las alternativas para la actividad legalizada, además de ofrecer referencias a programas de cualificación profesional y ofertas de empleo.
Agencia Brasil
