El fideicomiso de aviones que conectó a EE.UU. con Machado y Espert

Un pequeño pueblo de Texas de apenas 2.500 habitantes se convirtió en un epicentro inesperado de narcotráfico internacional, fraudes financieros y vínculos políticos transnacionales. Allí, en 2014, Debra Mercer-Erwin adquirió Aircraft Guaranty Corporation (AGC), un fideicomiso estadounidense especializado en registrar aviones propiedad de extranjeros bajo el amparo de la FAA, lo que permitía eludir inspecciones más rigurosas y otorgaba mayor libertad de tránsito a las aeronaves.

 El esquema de AGC y los vuelos ilícitos

AGC rápidamente se convirtió en un nodo sospechoso: más de 1.000 aviones estaban registrados en un solo domicilio en Onalaska, superando incluso la flota de Nueva York. Mercer-Erwin y su socio, Federico “Fred” Machado, un empresario argentino radicado en EE.UU., manejaban la contabilidad del fideicomiso con la metodología típica de un esquema Ponzi: naves inexistentes o vendidas repetidamente, fondos adelantados por compradores reales o ficticios que nunca recibían el avión y que eran absorbidos por los operadores del fideicomiso.

En febrero de 2020, la DEA y fuerzas de Belice realizaron una de las incautaciones más impactantes de los últimos años: la aeronave N311BD, propiedad de Heriberto Calderón Gastélum, exconvicto y miembro del Cártel de Sinaloa, fue encontrada con 2.310 kilos de cocaína, ladrillos marcados con el logo “Apple” que delataban su origen. La carga, destinada a Texas y otros estados, formaba parte de una red que la DEA vinculó a sobredosis masivas y violencia entre jóvenes. Calderón, ya deportado desde Estados Unidos, utilizaba aviones registrados a través de fideicomisos como Aircraft Guaranty Corporation (AGC), mecanismo que facilitaba la logística aérea del narcotráfico. Paralelamente, Debra Mercer‑Erwin, dueña del fideicomiso que permitió estas inscripciones, y el empresario argentino Federico “Fred” Machado, desplegaban un esquema que combinaba fraude con compraventa ficticia de aviones y transferencias de dinero a múltiples individuos, entre ellos el político argentino José Luis Espert, según registros judiciales de Texas.

Según testigos y fuentes de la DEA y la Joint Interagency Task Force South (JITF South), tras la acusación formal de Mercer-Erwin y la investigación de AGC se registró una reducción del 64,84% en los vuelos de narcóticos. La magnitud de la operación demostraba cómo un fideicomiso aparentemente técnico podía convertirse en un engranaje de crimen transnacional.

La llegada de Machado y el vínculo con Espert

Mientras tanto, a miles de kilómetros, en Argentina, Machado empezaba a acercarse a círculos políticos. En marzo de 2019, gracias al nexo de Nazareno Etchepare, experto en redes antikirchneristas, Machado conoció a José Luis Espert, candidato presidencial del Frente Despertar. La relación no tardó en consolidarse: Machado puso a disposición de la campaña un avión Bombardier Challenger N28FM y un King Air, además de una camioneta Jeep Cherokee. La aeronave se convirtió en el vehículo central para que Espert y su equipo recorrieran el país durante la campaña, desde el norte de Buenos Aires hasta provincias del centro y norte argentino.

Entre los registros de la contabilidad del fideicomiso estadounidense aparece, además, una transferencia de US$200.000 a Espert en febrero de 2020, según documentación obtenida por fiscales de Texas y denunciada en tribunales argentinos por Juan Grabois. Aunque la justicia texana centró sus imputaciones en los operadores principales —Mercer-Erwin y Machado—, este detalle establece un vínculo financiero entre los protagonistas.

Cómo operaba Debra Mercer-Erwin

Mercer-Erwin dirigía AGC con mano férrea. Según testigos y peritos contables, controlaba directamente las cuentas del fideicomiso, desde las cuales se efectuaban decenas de transferencias internacionales. Sólo diez de las 190 transacciones registradas correspondían a compras reales de aviones; el resto eran fraudes, fondos desviados que, en ocasiones, terminaban financiando operaciones en Guatemala, incluyendo proyectos mineros y vínculos con políticos locales.

Mercer-Erwin fue condenada en mayo de 2023 a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. En su declaración de defensa, admitió haber dejado que Machado manejara parte de los fondos, pero negó cualquier participación consciente en el fraude global. Sin embargo, las evidencias muestran que su control sobre AGC fue clave para que las operaciones continuaran durante años, hasta que la investigación y la cooperación internacional desmantelaron la red.

La trama entre Argentina y EE.UU.

El esquema de AGC no sólo conectó tráfico de drogas y fraude financiero: también impactó en la política argentina. Machado, desde su llegada a Estados Unidos en los años 90, construyó un negocio lucrativo de aviones privados, que le permitió establecer lazos con campañas políticas, incluido el Frente Despertar. Espert, por su parte, utilizó estos recursos para movilizarse y consolidar su candidatura, aunque posteriormente quedó en el centro de cuestionamientos por la procedencia de los fondos y el vínculo con Machado y Mercer-Erwin.

El uso intensivo de los aviones y la Jeep Cherokee cedida por Machado a Espert en 2019 quedó documentado en fotos y testimonios del equipo de campaña, confirmando la intensidad del vínculo. Mientras tanto, en EE.UU., la investigación sobre AGC continuaba, demostrando cómo una empresa ubicada en un pueblo remoto podía ser nodo de operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y fraude internacional, con ramificaciones hasta la política argentina.