Trabajadores, estudiantes y jubilados enfrentaron gases lacrimógenos y detenciones mientras rechazaban una ley que restringe el acceso a sus propios ahorros previsionales y consolida el modelo de pensiones privado.
America Latina14 de septiembre de 2025
RedacciónCientos de manifestantes, convocados por organizaciones de afiliados a las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), gremios laborales y colectivos estudiantiles, fueron violentamente dispersados por la Policía Nacional en las inmediaciones del Congreso cuando protestaban en rechazo a una regresiva reforma del sistema de pensiones.
Los manifestantes señalaron que la nueva legislación, impulsada por bancadas de derecha en el Congreso, no soluciona los problemas estructurales del sistema de pensiones y solo garantiza ganancias para las AFP.
El punto más crítico de la protesta se vivió cuando los manifestantes, superando el cordón policial que los confinaba a un carril, intentaron avanzar hacia el Palacio Legislativo. La respuesta fue el despliegue masivo de efectivos del grupo de intervención rápida, quienes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud y realizaron detenciones arbitrarias.
La ley representa un severo retroceso en los derechos de los trabajadores. Entre sus puntos más criticados se encuentran la extensión de la edad para la jubilación anticipada —de 50 a 55 años— y la prohibición del retiro parcial de los fondos acumulados, una medida que afecta particularmente a los afiliados menores de 40 años, quienes ya no podrán acceder al 95.5% de sus ahorros al jubilarse.
El gobierno y los sectores empresariales argumentan que la norma busca “proteger” los fondos de los afiliados después de que 2.3 millones de personas agotaran sus ahorros tras siete retiros parciales aprobados durante y después de la pandemia.
Sin embargo, los manifestantes denuncian que la ley desconoce la grave crisis económica que vive la mayoría de la población y prioriza la rentabilidad de las AFP sobre el bienestar de los afiliados.
Adicionalmente, la normativa impone un aporte obligatorio del 2% para trabajadores independientes a partir de 2028, ignorando que más del 70% de la fuerza laboral peruana se encuentra en la informalidad y carece de ingresos estables para cumplir con este requisito.
La llamada “pensión mínima” de 600 soles (172 dólares), que será complementada por el Estado en algunos casos, es considerada insuficiente para sobrevivir en un país con una canasta básica familiar que supera los 1,200 soles.
Esta reforma evidencia la profundización del modelo neoliberal en Perú durante la presidencia de Dina Boluarte, con políticas económicas que van en detrimento de los derechos sociales y económicos de la mayoría trabajadora. TeleSur
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