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Sanciones de EE.UU. contra la Corte Suprema violarían la soberanía de Brasil

El Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) afirmó que posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, constituyen una grave afrenta a la soberanía de Brasil .

Mercosur27 de mayo de 2025RedacciónRedacción

En una audiencia en el Congreso de Estados Unidos la semana pasada, el secretario de Estado Marco Rubio (foto) dijo que el gobierno de Donald Trump está estudiando medidas al respecto .

“Esos estudios y análisis de organismos e instituciones estadounidenses constituyen una grave afrenta a la soberanía del Estado brasileño, utilizando una vía transversal e ilegal en el ámbito de las relaciones internacionales, amenazando y atacando a una autoridad del Supremo Tribunal Constitucional de Brasil, sin precedentes en la historia moderna de las civilizaciones”, afirmó la CNDH en una nota publicada el lunes (26).

Rubio citó las sanciones en respuesta a una provocación del senador republicano Cory Lee Mills. El parlamentario reprodujo la tesis planteada por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro de que existe persecución judicial en Brasil en el marco del juicio por intento de golpe de Estado que culminó el 8 de enero de 2023.

El Consejo de Derechos Humanos de Brasil sostiene que la motivación de tal medida por parte de EE.UU. revela una maniobra realizada por los investigados en el STF para escudarse en el castigo, evidenciando un “intento de promover presiones políticas contra la soberanía brasileña, en beneficio de intereses privados de personas que promovieron el intento de golpe de Estado en Brasil” .

Para analistas consultados por Agência Brasil , la extrema derecha en Brasil y EEUU ha distorsionado la realidad del juicio en el STF para intentar liberar de la cárcel a los investigados.  

La CNDH recordó que Brasil vive un proceso histórico de rendición de cuentas a agentes públicos que han atentado contra la democracia y que el juicio se desarrolla de forma civilizada y con base en las reglas del Estado Democrático de Derecho.

“Instamos a las autoridades estadounidenses, respetando su autonomía y soberanía, a poner fin de inmediato a los estudios institucionales para aplicar medidas abusivas contra el ministro Alexandre de Moraes”, concluye el organismo formado por representantes del Estado y de la sociedad civil de Brasil.
Investigación contra diputado

En respuesta a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), el ministro Alexandre de Moraes abrió este lunes (26) una investigación para investigar la participación del diputado en licencia Eduardo Bolsonaro (PL-SP) en la articulación con autoridades estadounidenses para promover sanciones contra el STF.

El hijo del expresidente Bolsonaro será investigado por los delitos de coacción durante el proceso y obstrucción de la investigación por supuestamente incitar al gobierno de Estados Unidos contra Moraes.

En una publicación en las redes sociales, Eduardo Bolsonaro consideró la solicitud de investigación como una medida "injusta y desesperada". 

Desde marzo, luego de que su padre fuera imputado de liderar el complot golpista, Eduardo se trasladó a EE.UU., donde comenzó a denunciar lo que llama persecución contra su grupo político .

El ministro del STF también solicitó el testimonio del expresidente Jair Bolsonaro, quien sería “directamente beneficiado” por las acciones de su hijo, ya que es imputado en el juicio por el complot golpista. Los diplomáticos brasileños también deben ser escuchados.

Golpe de Estado

La denuncia de intento de golpe de Estado realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) dice que el objetivo del complot era anular las elecciones presidenciales de 2022 y que incluía la predicción de los asesinatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin y del ministro del STF, Alexandre de Moraes.

La denuncia afirma que el plan golpista liderado por el expresidente Bolsonaro buscó apoyo de las Fuerzas Armadas para declarar el Estado de Sitio , lo que serviría para promover una ruptura democrática en Brasil. Los acusados ​​niegan las acusaciones.

Agencia Brasil

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