"Un condenado por abuso sexual no puede representar al pueblo tucumano. Su permanencia en funciones no solo es un acto de impunidad, sino una afrenta a todas las mujeres", dijeron desde Ni una menos.
Judicial15 de mayo de 2025
Redacción
El colectivo Ni Una Menos Tucumán ha emitido un enérgico comunicado exigiendo la remoción inmediata del legislador José Orellana, tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su condena por abuso sexual contra una trabajadora del Congreso. La sentencia incluye una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
"Desde Ni Una Menos Tucumán exigimos su remoción inmediata," afirma el comunicado. "Un condenado por abuso sexual no puede representar al pueblo tucumano. Su permanencia en funciones no solo es un acto de impunidad, sino una afrenta a todas las mujeres y disidencias que habitan y trabajan en esta provincia."
El colectivo denuncia que este caso no es un hecho aislado, sino "parte de una estructura de poder patriarcal, misógina, garante de impunidad, que encubre y protege a violentos con cargos." Se acusa a Orellana de haber utilizado su poder para abusar y se señala a la Legislatura tucumana como cómplice "de la perpetuación de la impunidad" por sostener en sus bancas no solo a José Orellana, sino también a Ricardo Bussi, quien también ha sido denunciado por abuso sexual.
Ni Una Menos Tucumán reafirma su compromiso de continuar la lucha por justicia para todas las denunciantes de abuso y violencia de género por parte de legisladores e integrantes del poder político. "Frente al silencio y la complicidad, nosotras no nos callamos," concluye el comunicado, reafirmando su consigna: "Basta de proteger abusadores. Fuera Orellana."
La exigencia de la remoción de Orellana se suma a la creciente presión pública sobre la Legislatura tucumana para tomar medidas concretas frente a las denuncias de violencia de género que involucran a sus miembros. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer mecanismos más efectivos para prevenir y sancionar la violencia de género en el ámbito político.
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