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El Juzgado Federal de Campana benefició a dos personas en una causa de amparo. Si bien no es una medida general, sienta un precedente contra el decreto.
El juicio contra cinco policías por un secuestro extorsivo en febrero de 2022 en la provincia de Tucumán comenzó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF). Todos llegan acusados de mantener en cautivo a un hombre por cinco horas, hasta que después fue liberado tras el pago de un rescate.
Cinco policías tucumanos, tres de ellos en actividad y dos retirados, son juzgados por el secuestro de un hombre quien, en la audiencia inicial, aseguró que aún padece una serie de secuelas por lo sucedido y recordó que sus captores en todo momento le decían: "La libertad cuesta, gordito".
De los cinco acusados, los tres que estaban en actividad al momento del hecho son el ex cabo Ricardo Julio Rodríguez, de 47 años; el ex cabo primero de la Comisaría Seccional 13 de la URN, Martín Darío Romano, de 42; y José Benito Villa, 47, quien prestaba servicios en la Jefatura Zona II URN.
En tanto, los otros dos imputados son el retirado ex sargento ayudante José Antonio Gallo, de 65 años; y el exonerado ex agente Eduardo Germán Agüero, de 44.
Los agentes llegaron al juicio imputados por los delitos de secuestro extorsivo consumado, agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por la participación de tres o más personas y por ser tres de los intervinientes funcionarios policiales; y robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haber sido cometido en despoblado y en banda.
“Romano, Rodríguez, Agüero y Gallo deberán responder como presuntos coautores, mientras que en el caso de Villa deberá hacerlo en calidad de partícipe necesario”, sumaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El primero en dar testimonio fue la víctima, cuyas iniciales son P.N. de 44 años, quien contó que en aquel momento se dedicaba a la construcción y actualmente a la cría de animales, entre otras tareas rurales, en la finca familiar, lugar donde fue capturado.
El hombre remarcó que continúa con tratamiento por los traumas: “Me he venido al abandono, ya no quiero salir. Me quedo en el campo. No he quedado bien, he perdido mucho trabajo. Ya no quiero trabajar casi”.
Una de las preguntas del tribunal fue sobre el momento de la captura. Allí recordó que aquel día, mientras se preparaba para volver a su casa, aparecieron “varios hombres, tres de ellos vestidos de policías diciendo ‘¡allanamiento, allanamiento, al piso!’”.
Explicó que estaba con un empleado de la finca y que a ambos les exhibieron armas, los tiraron al piso, los esposaron y que en ningún momento le exhibieron orden judicial.
La víctima aseguró que los policías “se llevaron herramientas y las armas” que tenía en la casa y que después de hablar con su teléfono, lo subieron a un auto y se lo llevaron cautivo. “Me decían que mire para abajo, iba esposado en el asiento de atrás”, contó.
Cuando el fiscal Camuña le preguntó qué le decían sus secuestradores y por qué lo llevaban, P.N. respondió: “Ellos lo único que me decían era ‘la libertad cuesta gordito’”.
La víctima fue liberada en la puerta de su casa, luego de que su papá pagara el rescate: “Se fueron en un auto que les entregó, un Fiat Palio Weekend, y $200 mil”.
A lo largo de las primeras jornadas también declararon otros testigos convocados por la fiscalía y la defensa.
A su vez se procedió al análisis documental e instrumental de la prueba presentada. Se estipula que los alegatos del Ministerio Público Fiscal serán la semana próxima.
El Juzgado Federal de Campana benefició a dos personas en una causa de amparo. Si bien no es una medida general, sienta un precedente contra el decreto.
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