Así lo informó el diario La Gaceta en su edición on line del día de la fecha, citando además que todo comenzó con las denuncia por venta ilegal de tierras en la Reserva Natural La Angostura.
“La investigación judicial involucra a ex funcionarios provinciales y también a empleados públicos. En ese contexto, el gobernador dispuso ayer una drástica medida. Mediante un decreto, ordenó la disolución de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat, así como también el inmediato cese de sus autoridades y direcciones, en virtud de la ‘las investigaciones llevadas a cabo por el Poder Judicial en respuesta a las denuncias de usurpaciones en las que el Estado Provincial ha sido víctima, y han revelado la existencia de irregularidades’”, reza la publicación, al mismo tiempo que explica que “el instrumento asigna a la Dirección General de Catastro de la Provincia las funciones que por ley corresponden a dicho organismo, ‘especialmente actuar como autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 5.670, ejercer las facultades de autoridad de aplicación de las disposiciones de la Ley N° 6.753, de adhesión de la Provincia de Tucumán a la Ley Nacional N° 24.374 y entender en la regularización dominial de los inmuebles adquiridos por el Estado Provincial con dicha finalidad o afectados mediante Ley Provincial a dicho fin, en el marco de la Ley de Emergencia Social y Habitacional N° 7.347".
El Gobernador se había referido al tema en la conferencia de la semana pasada y había remarcado el accionar judicial. “Después de mucho tiempo, recién se están tomando medidas realmente en serio, medidas que responden a una política no aislada solamente en El Mollar, sino en toda la provincia de Tucumán. En nuestro gobierno, vamos a hacer respetar la propiedad privada, tanto pública como fiscal, como privada del gobierno. No vamos a permitir usurpaciones”, había dicho Jaldo.
Por último, desde el matutino informan que “el Poder Ejecutivo dispuso la suspensión e inicio de investigaciones administrativas de los empleados Maximiliano Rodrigo Martín Barreiro y de Pablo Rafael Trujillo; ambos se desempeñaban en la subsecretaria disuelta y están, según el decreto, ‘vinculados a la causa judicial’”.
