
Con la eliminación de la UEI, denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico militar.
Ante las públicas manifestaciones realizadas por el Ministro de Seguridad de la provincia Cr Maley en relación al hecho aberrante de muerte y desaparición de Luis Espinoza y que tiene como autores a miembros de la policía provincial, nos sentimos compelidos a verter las siguientes apreciaciones:
Textual29 de mayo de 2020A 37 años del retorno al sistema democrático, la fuerza policial de nuestra provincia es regida por la ley N° 3656 la cual fue acuñada durante la vigencia de fuerzas usurpadoras del poder político en 1970.
Sostener -- por parte del máximo responsable del área en e actual gobierno-- que las circunstancias de la desaparición y muerte de Luis Espinoza “lastima” la institución policial, es desconocimiento o intento de minimizar la larga historia de violencia y atropellos hacia los ciudadanos, hechos criminales que vienen “heredados” de las prácticas del Terrorismo de Estado del siglo XX, durante las cuales la tortura, la rapiña y la desaparición forzada de personas, eran prácticas cotidianas.
El oscurantismo y la impunidad conferida a gravísimos hechos cuyos autores eran miembros de la institución policial en plena Democracia, ha determinado que quienes deben velar por la protección y seguridad de la población, obtengan “autonomía” del control civil y político. Valga como ejemplo el levantamiento del tristemente célebre “Malevo” Ferreyra, acusado de delitos de lesa humanidad, encabezando motines en 1980, o imponiendo condiciones a la Justicia en 1993, o bien los hechos acontecidos en diciembre de 2013, que aún se investigan en la Justicia, todos casos de levantamientos de las fuerzas policiales en contra del poder político del momento, generando conmoción pública.
A esto, hay que agregar la larga lista de tropelías ejecutadas en acciones en lo que se conoce como “gatillo fácil” viene cegando la vida de jóvenes y también de niños como en el caso de Facundo Ferreyra.
La situación institucional de la fuerza policial, exige que en forma inmediata, los tres poderes se comprometan y aboquen seriamente a construir y democratizar la institucionalidad de la policía tucumana y llegar a una institución policial transparente, sin que hechos aberrantes como los mencionados, sean utilizados en la oportunista “toma y daca” de la política.
Firman:
Marta Rondoletto, presidenta
Secretaria: Lucinda Bazán
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