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Jaldo reafirmó su compromiso con la libertad de prensa y destacó la importancia de garantizar el acceso equitativo a la información oficial .
El legislador Roberto Moreno será el candidato propuesto por el oficialismo para ocupar la vacante en la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán, tras la renuncia de José Orellana.
Política17 de marzo de 2025 redacción
Orellana había presentado su dimisión tras el controvertido proceso de destitución de la jueza Carolina Ballesteros, en el cual su presencia en la comisión fue uno de los puntos cuestionados por la defensa de la magistrada.
Su salida se produjo luego de que se conociera que tenía una sentencia firme por abuso sexual, con una pena de tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de Ballesteros, liderada por el abogado Gustavo Morales, había solicitado formalmente su remoción amparándose en el Artículo 58 de la Constitución de la Provincia.
Fuentes del oficialismo confirmaron que la designación de Moreno cuenta con el respaldo del vicegobernador Miguel Acevedo.
El legislador tranqueño preside actualmente las comisiones de Familia, Niñez y Adolescencia, y la de Cultura, y su elección se dio en un contexto donde varios parlamentarios tienen otras responsabilidades, como en el Consejo Asesor de la Magistratura.
La comisión de Juicio Político, presidida por el legislador Sergio Mansilla, es considerada estratégica dentro de la Legislatura, ya que es la encargada de analizar y dictaminar sobre la remoción de jueces y funcionarios por incumplimiento de sus deberes.
Además, es la única comisión cuyos miembros son elegidos por votación en el recinto.
Orellana, quien había sido diputado nacional y figura clave en el oficialismo, justificó su renuncia alegando “cuestiones personales”. Sin embargo, su salida se da en medio de fuertes cuestionamientos por su permanencia en un rol clave a pesar de su condena judicial.
Con la inminente designación de Moreno, el oficialismo busca cerrar el capítulo de la controversia generada por el caso Orellana y avanzar en la normalización del funcionamiento de la comisión de Juicio Político en un contexto de alta sensibilidad institucional.

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