Este 10 de noviembre de 2026 concluyó el toque de queda más reciente en Ecuador, que rige en cinco provincias. Entre enero de 2024 y septiembre de 2026, el presidente Daniel Noboa decretó en total 25 estados de excepción.
"Las ecuatorianas y los ecuatorianos han vivido en condición de restricción de sus derechos a nivel nacional, provincial o local el 95 por ciento del tiempo del mandato del presidente Noboa", señala al respecto Carla Álvarez, docente e investigadora de la Universidad de Posgrado del Estado de Ecuador.
Para combatir la inseguridad en el país sudamericano, el mandatario ha adoptado una política de "mano dura", que lo ha llevado a declarar un conflicto armado interno y a militarizar el sistema penitenciario ecuatoriano.
Además, su Gobierno elevó el IVA del 12 al 15 por ciento para financiar su estrategia de seguridad, explica a este medio la politóloga y experta en seguridad.
¿Cuán seguro es el país tras más de mil días bajo estados de excepción? "La violencia no se ha reducido sino de manera pasajera, coyuntural, y más bien nos hemos convertido en el país más violento de toda América Latina", sostiene la académica ecuatoriana.
Tras una reducción de las muertes violentas en 2024, éstas volvieron a repuntar en 2025, hasta superar los 9.200 decesos anuales. Con 51 muertes por cada 100.000 habitantes, 2025 se convirtió así en el año más violento de la historia ecuatoriana.
"Esto es un escándalo para el país, que siente que se desangra", comenta Álvarez.
La docente universitaria compara la lucha contra la inseguridad en Ecuador con la imagen de un hámster en su rueda: "En Ecuador se ve una estrategia activa y dinámica de seguridad que, sin embargo, no le ha permitido al país salir del pozo de violencia y criminalidad en el que se encuentra".
"La estrategia de seguridad de Noboa ha sido mucho más eficaz en términos de legitimación política que de combate a la violencia", sostiene, por su parte, Franklin Ramírez, profesor del Departamento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Ecuador.
A juicio del sociólogo político, el Gobierno de Noboa define cualquier tipo de problema público como un problema de seguridad. Un ejemplo de esta estrategia de "securitización" sería la crisis en el sistema de salud, a la que el presidente respondió con la militarización de los hospitales.
Hay "una brecha enorme" entre el discurso del Gobierno ecuatoriano y sus logros, dice el experto, que critica la falta de medidas clave en la lucha contra el narcotráfico internacional, como el combate al lavado de activos y mayores controles a los flujos bancarios, financieros y de dineros ilícitos.
"Aunque la estrategia de seguridad ha sido globalmente ineficaz y de bajo impacto", el discurso le habría permitido al presidente mantener niveles de popularidad y legitimidad, apunta Ramírez, en declaraciones a DW.
Sin embargo, el profesor de la FLACSO observa grietas en la credibilidad del discurso de la seguridad: "Contrariamente a Bukele, Noboa no logra exhibir cifras fuertes de que su estrategia es eficaz y eso está empezando a minar su legitimidad política y fuerza electoral".
Así, por ejemplo, en noviembre de 2025, el presidente ecuatoriano perdió una consulta popular en la que proponía abrir el país a bases militares extranjeras. "Sufrió una gran derrota y, desde entonces, el conflicto social viene creciendo", asegura Ramírez.
Para Carla Álvarez, de la Universidad de Posgrado del Estado de Ecuador, la cooperación con Estados Unidos es un importante eje de la política de seguridad de Noboa.
"Ecuador extendió de manera tácita una invitación a Estados Unidos para que intervenga en la situación de inseguridad", dice.
Tan solo en 2026, el país suscribió con Washington un acuerdo de seguridad contra el narcoterrorismo, se sumó al Escudo de las Américas y a la Coalición Anti-Cárteles de las Américas, realizó operaciones conjuntas con el portaaviones USS Nimitz, firmó la Estrategia Frontera Segura y ofreció implementar un sistema de análisis de datos con la colaboración de la empresa privada estadounidense Palantir, detalla la experta en seguridad.
Sin embargo, Álvarez hace hincapié en que "la violencia en Ecuador no la explica únicamente el narcotráfico, la explican las disputas territoriales para la venta de droga local, que es el microtráfico, las extorsiones, el secuestro extorsivo, la minería ilegal, la falta de control en las cárceles, la violencia social, etcétera".
En su opinión, la "hiperpriorización del narcotráfico no es una estrategia que aborda todos los fenómenos delictivos y violentos que enfrenta Ecuador". Por lo que la académica insiste en la necesidad de "una estrategia de seguridad más amplia, más integral".
"El mayor impacto de la 'securitización' de Noboa ha sido comerse el frágil tejido democrático del país", condena el sociólogo Franklin Ramírez, quien habla de un "proceso de autocratización acelerada".
"La persecución a enemigos políticos está muy atravesada por el discurso del enemigo interno del narcoterrorismo, muy en la línea con el discurso de Donald Trump y el Escudo de las Américas", apunta el profesor.
"Es como si Noboa supusiera que la población está dispuesta a tolerar altísimos niveles de concentración del poder a cambio del combate a la inseguridad", explica. Pero, a falta de resultados, prosigue, se estaría rompiendo "esta suerte de pacto entre una ciudadanía que podía admitir cierto nivel de autoritarismo a cambio de menos violencia".
(cp) Viola Traeder DW
