RedacciónLegisladores del oficialismo se ausentaron este jueves de la votación en la que el Congreso de Paraguay, en sesión bicameral extraordinaria, decidía si aceptaba la renuncia del presidente Santiago Peña o rechazaba ese recurso y daba continuidad al proceso de juicio político al mandatario, envuelto en el escándalo del Ueno Bank, que ha afectado a unos tres millones de paraguayos.
La táctica de congresistas oficialistas fue detectada y denunciada por varios legisladores en la sala cuando comenzaba la votación nominal, que acumulaba decenas de votos cuando la presidencia decretó la falta de quorum y el levantamiento de la sesión, con lo cual quedó en el aire la decisión del Legislativo sobre la renuncia del mandatario.
Poco antes, durante el debate previo, varios congresistas se habían pronunciado precisamente contra la impunidad y rechazado la petición de renuncia, abogando por un juicio político con todas las garantías que coloque al mandatario como un ciudadano respondiendo a la justicia, con llamados a «expulsión y sanción» por «corrupto y por haber estafado al pueblo paraguayo», según afirmó un legislador.
Una diputada pidió que la decisión fuera tomada con voto nominal para que «la ciudadanía separa realmente quiénes le representan realmente».
La crisis financiera que sacudió a Paraguay comenzó el martes (3) y se convirtió en una crisis política.
Esta mañana, la Cámara de Comercio comenzó a debatir la apertura de un proceso de destitución que incluso contaba con el apoyo del propio partido del presidente, el Partido de Colorado.
El terremoto político en el país vecino es consecuencia de la liquidación del Banco Ueno, que contaba con 2,9 millones de clientes, aproximadamente el 60% de la población adulta del país. A estas personas les congelaron sus depósitos.
Tras la liquidación del banco, el presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, renunció a su cargo . Fue director del banco digital hasta 2023, antes de asumir la presidencia del Banco Central del país.
Las protestas callejeras exigen que se castigue a los responsables de la crisis. La Fiscalía General de Paraguay ha solicitado la detención de ocho personas, entre ellas el presidente de la UENO, Juan Manuel Gustale.
La crisis afectó al presidente Santiago Peña porque era accionista, hasta marzo de 2025, del Grupo Vázquez, que controla el banco.
Elegido en 2023, Santiago Peña es un político conservador de derecha del Partido Colorado, que ha controlado el poder en Paraguay durante siete décadas, con la excepción de cinco años (2008-2013).
La oposición acusa al gobierno de invertir el Instituto de Seguridad Social (PIS), de propiedad estatal, en el Banco Ueno.
El banco digital sigue gestionando los pagos de pensiones de miles de jubilados y custodia aproximadamente el 30% de los depósitos de fondos públicos, estimados en 850 millones de dólares estadounidenses.
La oposición culpa a Peña de la crisis porque nombró a un exfuncionario de la UENO como presidente del Banco Central. Al anunciar su renuncia, el presidente pidió disculpas al pueblo paraguayo.
“También quiero disculparme con el pueblo si, en algún momento, les he fallado. Jamás fue mi intención traicionar la confianza que depositaron en mí. Cada día asumí esta responsabilidad con el deseo de trabajar por Paraguay”, declaró Peña.
El presidente del Partido de Colorado y expresidente del país, Horacio Cartes, declaró que el partido no apoyará "el saqueo de fondos públicos y privados, incluidos los de los jubilados".
El presidente del Congreso paraguayo, Bachi Núñez, dos días antes de pedir la renuncia de Peña, declaró a la prensa que el presidente no podía ser considerado responsable porque el Banco Central gozaba de autonomía institucional.
La oposición acusa al Partido Colorado de querer distanciarse del escándalo que supuestamente ayudó a crear. La diputada Johanna Ortega, del Partido Solidaridad País (PPS), destacó durante la sesión de la Cámara que los fondos de los pensionistas se estaban depositando en un banco cercano al presidente Peña.
“Hemos estado advirtiendo sobre los conflictos de intereses, sobre el uso de las instituciones públicas para favorecer los negocios privados de unos pocos, y sobre el delito de gestión para beneficio personal, una práctica en la que este Presidente de la República ha participado sistemáticamente”, afirmó.
Paraguay cuenta con un fondo de garantía que puede reembolsar hasta US$38.000 por persona, lo que representa ₲28.300.000 en moneda local, equivalente a 75 salarios mínimos.
La crisis financiera y política de Paraguay está sacudiendo la reputación que el país había estado construyendo como un destino emergente en Sudamérica para el capital extranjero, con repercusiones para la economía local.
La Asociación Paraguaya de Importadores y Comerciantes (Asimcopar) destacó en un comunicado que dos de cada tres transacciones realizadas por las principales cadenas minoristas del país se efectúan a través de cuentas del Banco Ueno.
"Sin duda, habrá un cierre parcial del mercado comercial en Paraguay. Esta situación no solo nos afecta comercialmente, sino que también repercute en la vida cotidiana de las familias, afectando así la vida diaria de millones de personas", reza el comunicado publicado en los medios locales.
La agencia de calificación Moody's afirmó que el caso pone a prueba la capacidad de las autoridades para gestionar la situación de un banco importante.
“Uno de los principales riesgos que identifica Moody's reside en los depósitos que superan la cobertura del seguro. Si bien BCP indicó que el 97% de los depositantes estarían totalmente cubiertos, solo el 30% de los depósitos de Ueno se encontraban dentro de los límites de la garantía”, afirmó Bloomberg Línea, basándose en la nota de Moody's.
En Brasil, los grupos políticos han estado argumentando que el país vecino es un ejemplo de éxito económico y financiero.
El antropólogo Salvador Schavelzon, profesor de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp), afirma que la admiración que estos grupos sienten por Paraguay proviene de la ocupación que la agroindustria brasileña lleva a cabo en el país vecino.
«La derecha brasileña cree que es un paraíso porque ya tiene contactos políticos establecidos allí. Incluso tienen sucursales del Banco do Brasil, y en las escuelas públicas se habla portugués, en contra de la ley paraguaya. Es como un territorio ocupado por la agroindustria brasileña», afirmó el experto en la realidad paraguaya.
