RedacciónLa esclavitud no es solo pasado en América Latina. Con una resolución histórica, la ONU reaviva el debate sobre sus consecuencias actuales y vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: qué significa hoy justicia para millones de afrodescendientes en la región.
La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que califica la trata transatlántica de personas africanas como el crimen más grave contra la humanidad. Aunque el texto no es vinculante, refuerza los llamados a avanzar en procesos de memoria, reconocimiento y justicia reparadora. En la región, solo Argentina votó en contra, junto a Estados Unidos e Israel, mientras el resto de la región respaldó o no se opuso a la resolución.
Se estima que en América Latina viven unos 134 millones de afrodescendientes, cerca del 21 por ciento de la población total, según datos del Banco Mundial, aunque las cifras varían según las metodologías de medición. Una diáspora se concentró especialmente en Brasil y el Caribe, pero dejó también una profunda huella en Colombia, Cuba y República Dominicana.
En estos países, el legado de la esclavitud sigue reflejándose en desigualdades estructurales. En Colombia, según datos gubernamentales basados en una encuesta de 2018, donde alrededor del 6,7 por ciento de la población - unos 4,5 a 5 millones de personas - se reconoce como afrodescendiente, muchas de estas comunidades se ubican en regiones con altos niveles de pobreza y violencia. Según estimaciones de organismos como la CEPAL y la FAO, en países como Cuba y República Dominicana, las personas afrodescendientes representan alrededor de un tercio del total de la población.
"Caracterizar a la trata esclavista como un crimen contra la humanidad permite, por un lado, reconocer que este crimen existió y fue profundamente trágico, y por otro, abre la puerta a las reparaciones que venimos reclamando desde hace décadas", saluda la decisión la profesora Miriam Gomes consultada por DW.
"Necesitábamos este reconocimiento desde los organismos multilaterales para poder continuar con nuestra lucha", refuerza la también activista afroargentina de origen caboverdeano.
"Creo que a nivel regional va a ser sumamente positivo", augura Gomes, y resalta la "importancia de las reparaciones de acción afirmativa" que deberían sobrevenir.
"La resolución es importante, porque permite entender la trata esclavista como un proceso cuyas consecuencias siguen vigentes. El racismo y la marginación solo se explican si se reconoce que tienen sus raíces en la idea de tratar a las personas como mercancía", señalan, en tanto, Norberto Pablo Cirio y Augusto Pérez Guarnieri, de la Cátedra Libre de Estudios Afroargentinos y Afroamericanos de la Universidad Nacional de La Plata.
En esa línea, los investigadores proponen el término "negracionismo" para referirse a la invisibilización de la población afrodescendiente en el continente.
Ese contexto explica, en parte, su cautela frente a este tipo de iniciativas. "El mundo atraviesa una proliferación de declaraciones de buenas intenciones, como el Decenio para los Afrodescendientes, pero, a la hora de los hechos concretos, de beneficios palpables para las víctimas de este genocidio, esas declaraciones no se traducen en acciones", critican.
Y alertan sobre "gobiernos que no ven la cuestión ni prioritaria ni necesaria", y que "con actos de maquillaje políticamente correctos, como el levantamiento de un monumento o la consabida foto de funcionarios con personas seleccionadas en tanto visiblemente negras" pretenden "saldar la cuestión".
Entre activistas afrodescendientes en la región predomina también el escepticismo sobre el impacto real de la resolución. "Entiendo que esto es una noticia para la gente no negra. Nosotros ya sabemos lo que fue la esclavitud: el secuestro y la deshumanización de millones de personas durante siglos", señala en entrevista con DW Roberto Álvarez, activista antirracista cubano residente en Colombia, músico y fundador de un espacio afrocentrado dedicado a la identidad y la estética. "Que la ONU lo reconozca ahora no valida nada para nosotros. Lo que importa es qué va a pasar con la gente negra que sigue viviendo hoy las consecuencias".
Álvarez cuestiona la falta de medidas concretas: "Si no hay algún tipo de reparación histórica real, con leyes y decisiones gubernamentales, esto no sirve de nada". A su juicio, el legado de la esclavitud se refleja en desigualdades persistentes: "En Colombia, departamentos como Chocó, Cauca o Valle del Cauca, con alta población afrodescendiente, siguen entre los más empobrecidos. Eso es racismo estructural".
La resolución adoptada por la ONU no establece mecanismos concretos de reparación, pero sí alienta a los Estados a considerar medidas en el marco de la justicia restaurativa. En América Latina, esto podría traducirse en un mayor impulso a políticas públicas orientadas al reconocimiento estadístico, la inclusión social y la revisión crítica del pasado colonial.
Pese a las críticas, el propio Álvarez reconoce el valor simbólico del paso dado: "Más vale tarde que nunca. Pero esto solo tiene sentido si obliga a los gobiernos a actuar. Si no, queda en un gesto vacío".
(ms) dw
