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La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunció ayer miércoles el cese del paro que comenzó hace un mes en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas.
America Latina22 de octubre de 2025
Emilio Isauro Martinez«Ante la brutal represión ordenada por el Gobierno de Daniel Noboa, con tres fallecidos y decenas de heridos, hemos tomado una decisión difícil pero necesaria: el cese del Paro Nacional 2025, el despeje de las vías y el repliegue a los territorios para proteger la vida de nuestro pueblo», señaló en un comunicado.
El anuncio lo hizo pocas horas después de que Noboa avisara que «entre hoy y mañana» abrirían las vías de la provincia andina de Imbabura, epicentro de las protestas.
En un video en redes sociales, el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, dijo que el anuncio de Noboa sobre la intervención en Imbabura, les causa «profunda preocupación».
«Este Gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones», añadió Vargas.
En las protestas, convocadas con el carácter de nacional, pero que tuvo como epicentro la provincia de Imbabura, fallecieron dos manifestantes presuntamente por disparos de las fuerzas del orden en esa jurisdicción, mientras que en el sur del país una mujer, de 61 años y perteneciente al pueblo indígena de Saraguro, falleció por un paro cardiorrespiratorio causado supuestamente, y de acuerdo con la Conaie, por los gases lacrimógenos.
Campaña por el ‘No’
Vargas pidió a las bases indígenas replegarse a sus territorios y comunidades y aseveró que «la resistencia continúa en asambleas permanentes, en unidad orgánica para preparar la campaña por el ‘No’ en la consulta popular y el referéndum en defensa de la Constitución, la democracia y los derechos adquiridos».
Se refirió así a la convocatoria -por iniciativa de Noboa- para que los ecuatorianos se pronuncien en las urnas el próximo 16 de noviembre -entre otros temas- sobre la posibilidad de instaurar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, así como el eventual retorno de bases militares extranjeras para apoyar en la lucha contra el crimen.
Vargas exigió a Noboa desmilitarizar «de inmediato a todos los territorios de las comunidades», que ordene la liberación de los detenidos durante las manifestaciones, entre ellos los conocidos como «los 12 de Otavalo», procesados por terrorismo tras ser capturados el 22 de septiembre luego de un ataque a un cuartel de Policía, donde se quemaron diez vehículos.
Asimismo, pidió atención y reparación a las familias de las víctimas mortales y a los heridos que aún requieren tratamiento médico, la no criminalización ni persecución a los dirigentes y miembros de la Conaie.
La advertencia de Noboa
«Estamos tomando ya una decisión más fuerte: vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana, y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte Pichincha y para el sur de Carchi», dijo.
En una entrevista con radio Democracia, Noboa cuestionó que se haya cortado la circulación vial durante las protestas y también que se haya afectado al derecho al trabajo, pues en ciudades como Otavalo (Imbabura), los manifestantes han impedido que se abran los comercios.
«Tenemos imágenes en las cuales se ve manifestantes, algunos de ellos extranjeros, ponchándole las llantas a gente que anda en bicicleta, en moto, trabajadores», dijo al agregar que los manifestantes también han atacado empresas, florícolas, locales pequeños de gente, que tiene eso como patrimonio.
Noboa aseveró que el paro se ha focalizado debido a que han mantenido diálogos con dirigentes indígenas -aunque no los líderes de la Conaie- y destacó que «la gran mayoría del Ecuador se sigue moviendo».
Ello «es porque hemos tenido un diálogo constante con las comunidades, hemos dado ayuda focalizada en las zonas de mayor necesidad, en la parte agrícola, en la parte productiva, la parte de bonos», añadió.
Las anteriores protestas indígenas en Ecuador
La Conaie ya protagonizó en 2019 y 2022 masivas protestas que llevaron a los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En esas movilizaciones, el foco principal de las protestas fue Quito, que este año solo ha registrado marchas esporádicas, pues Noboa asevera haber «protegido» a la ciudad al haber cambiado la sede del Ejecutivo, tan pronto se anunció el paro, a la provincia de Cotopaxi, de alta concentración indígena.
En las protestas de 2019 hubo «afectación de más de 1.000 millones de dólares en Quito; en 2022, más de 2.000 millones; en el 2025 ni siquiera una centésima de eso en afectación en Quito porque supimos proteger la ciudad», comentó.
La protesta de este año comenzó en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, pero luego la Conaie incluyó la exigencia de bajar del 15 al 12 % el Impuesto al Valor Agregado, la liberación de los detenidos durante las manifestaciones, subir el salario básico de 470 a 650 dólares, y el rechazo al referéndum de noviembre en el que, entre otras cosas, se preguntará sobre la posibilidad de instalar una Asamblea Constituyente para reemplazar la Constitución creada en el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017). EFE

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