
Fentanilo: la hija de una víctima denunció que “el Estado no se hizo parte”
La hija de una víctima del fentanilo adulterado expresó que la tragedia tuvo “muy poco impacto en la sociedad” y denunció que “el Estado no se hizo parte”.

La Justicia tucumana condenó este jueves al empresario Franco Trapani a 10 años de prisión y a Álvaro Rodríguez a 8 años, ambos por el delito de abuso sexual agravado. El juicio, impulsado por la denuncia de Carolina Monteros, se desarrolló luego de casi nueve años de trámite judicial y concluyó con la lectura de la pena en los tribunales provinciales.
"Que mi historia no desaliente, que sirva para mostrar que la verdad puede abrir caminos, aunque duelan", expresó Monteros.
El juicio fue llevado adelante por el juez Antonio Nicolás Gutiérrez. La querella estuvo a cargo del abogado Carlos Garmendia, mientras que la defensa de los imputados fue ejercida por el abogado Alfredo Falu
El hecho ocurrió la noche del 3 de julio de 2016, cuando Monteros, que entonces tenía 19 años, regresaba de un boliche y fue llevada —según la reconstrucción judicial— a una vivienda donde fue víctima del abuso perpetrado por los dos hombres.
Demoras, archivo y revictimización
El proceso judicial estuvo atravesado por numerosas demoras e irregularidades. Testigos fueron citados con retraso y las pericias forenses se extendieron durante años. La denunciante también reportó la pérdida de pruebas clave, como imágenes que habían sido aportadas desde su teléfono celular y que desaparecieron tras un robo en la oficina fiscal.
En 2018, el fiscal a cargo solicitó el archivo del expediente y luego el sobreseimiento de los imputados, pedidos que fueron rechazados por el juez de instrucción. El caso volvió a avanzar recién cuando Monteros, tras atravesar un cuadro depresivo y varias internaciones, retomó su rol como querellante activa junto a su abogado, logrando que se elevara a juicio en 2024.

El poder económico en el centro del debate
Entre los condenados, Franco Trapani ocupa un cargo directivo en FGF Trapani S.A., una de las empresas citrícolas más importantes de Tucumán.
La querella sostuvo durante el proceso que la influencia económica y política de los acusados incidió en la lentitud con que avanzó la investigación y la respuesta judicial.
El fallo fue valorado por organizaciones feministas que acompañaron la causa como un precedente relevante frente a los obstáculos institucionales que enfrentan las víctimas de violencia sexual en la provincia.
Carolina Monteros: “Hoy me siento de pie”
Tras la lectura de la sentencia, Monteros expresó sentirse “de pie”, una frase que resume el recorrido de casi diez años de búsqueda de justicia.
La joven había denunciado en varias oportunidades la revictimización judicial sufrida durante el proceso, señalando que la demora de casi una década afectó su salud emocional y la llevó a enfrentar tratamientos prolongados.
La condena representa, según la querella, un acto de reparación simbólica y judicial, aunque todavía resta conocer si los condenados apelarán la decisión ante instancias superiores.
Cómo sigue en la causa
Con la sentencia ya dictada, comienza ahora la etapa de ejecución de la pena. El Tribunal dispuso la notificación a las partes y la apertura de los plazos procesales para eventuales recursos.
Organizaciones de mujeres y colectivos por los derechos humanos insistieron en que este caso debe servir como alerta sobre las demoras estructurales del sistema judicial en causas de abuso sexual y violencia de género.
Línea de ayuda
Si sufrís violencia o abuso sexual, podés comunicarte de forma gratuita y confidencial al 144, disponible las 24 horas en todo el país.

La hija de una víctima del fentanilo adulterado expresó que la tragedia tuvo “muy poco impacto en la sociedad” y denunció que “el Estado no se hizo parte”.

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