Chile: once meses sin la defensora mapuche Julia Chuñil

Incertidumbre y angustia caracterizan los últimos meses de la familia de Julia Chuñil, de 72 años y presidenta de la comunidad indígena Putreguel de Máfil, en Chile. Este miércoles (8.10) se cumplieron once meses desde la última vez que fue vista con vida, tras salir de su casa a buscar unos animales perdidos en el monte, en la Región de Los Ríos.

Humilde y trabajadora son los rasgos con los que la describe su hijo Pablo San Martín Chuñil. “Defensora de esos bosques, quiso tener un campo donde poder criar sus animales y poder vivir tranquila. Nunca pensó que iba a tener problemas porque entró pacíficamente a una recuperación de tierras”, explica afligido a DW el hijo de la desaparecida.

Como todos los 8 de cada mes desde su desaparición, este miércoles se llevaron a cabo manifestaciones en varias ciudades del país reclamando que esclarezcan los hechos. “Si de aquí al 8 de noviembre no sabemos nada de nuestra madre, convocaremos una marcha nacional y esperemos que la apoye mucha gente”, avanza San Martín Chuñil.

Estas movilizaciones contaron con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil. “El ejercicio del derecho a la protesta puede cumplir una función importante en el reconocimiento de derechos, en este caso para que el Estado haga todo lo que esté a su alcance para encontrar a Julia Chuñil”, afirma a DW Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Chile.

“El compromiso del gobierno ha sido refrendado por vocerías de autoridades, reafirmando que el ejecutivo se ha puesto a disposición del proceso judicial, de la búsqueda en terreno y de desplegar los medios necesarios para colaborar con la investigación, en solidaridad con la familia y en la búsqueda de una respuesta efectiva”, apuntan a DW fuentes de la Subsecretaria de Derechos Humanos de Chile.  “A la fecha, se han desplegado más de treinta horas de vuelos de drones y aeronaves equipadas con tecnología LIDAR, y se han reforzado las diligencias de búsqueda e investigación bajo la dirección del Ministerio Público”, añaden. 

Un caso "emblemático" de la situación de defensores del territorio y la región 

“El caso de Julia Chuñil es emblemático para las y los defensores del medioambiente en Latinoamérica”, lamenta a DW Gitte Cullmann, Directora de la Oficina de Chile, Perú y Bolivia de la Fundación Heinrich Böll, apuntando al último informe de Global Witness que coloca a países como Colombia, México, Guatemala y Honduras entre los primeros puestos de mayor riesgo en esta clasificación.

Para Javier Garate, asesor de políticas de la campaña de las personas defensoras de dicha organización, la desaparición de Julia Chuñil “simboliza muchos aspectos de los liderazgos invisibles que ejercen mujeres indígenas por la protección del territorio, de la naturaleza, que está amenazado en el sur de Chile por la presencia de las (industrias) forestales que remplazan el bosque nativo por pino y eucaliptos”.

“Quizás las cifras no son como en Colombia, en términos de asesinatos, pero eso no implica que personas defensoras, indígenas y ambientales no estén en riesgo en Chile”, puntualiza a DW. "Entre 2012 y 2024, Global Witness documentó el asesinato o la desaparición de cinco personas defensoras en Chile, cuatro de las cuales eran mapuches", explica Garate, recalcando “la criminalización, particularmente en contra de los líderes mapuches” y el “uso constante de la ley antiterrorista, en contra de ellos”.

Según la organización no gubernamental Escazú Ahora entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra 47 defensores ambientales. En este periodo, la violencia no solo aumentó, sino que se volvió más grave: las agresiones físicas pasaron de un 14,7% en 2023 a un 48,9% en 2024, mientras que la impunidad siguió siendo la norma, ya que solo el 2,1% de los casos tuvo un resultado favorable en tribunales”, detalla a DW Roxana Núñez, abogada y experta en incidencia de Greenpeace Andino.

Un acuerdo en proceso de implementación

Aunque Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, todavía no dispone de los elementos para implementarlo. “La ratificación del Acuerdo de Escazú fue un gran paso de este país para enfrentarse con la necesidad de abordar los conflictos socioecológicos desde el principio y contribuir así a un proceso de toma de decisiones que cuente con una fuerte participación de las comunidades, contribuya a la estabilidad y la paz social, así como al desarrollo sostenible”, destaca Cullmann.

No obstante, “el Acuerdo de Escazú establece estándares internacionales, pero eso después se tiene que aplicar nacionalmente, con acciones concretas en cada país”, recuerda Garate apuntando al Proyecto de Ley sobre Protección de Personas Defensoras del Medio Ambiente (Boletín 16.886-12), que empezó a tramitarse hace 16 meses, y que el miércoles (8.10.2025) fue aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas del Congreso Nacional de Chile.

“Esta aprobación constituye un hito en el reconocimiento y protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales”, puntualiza Núñez recordando que el proyecto pasará a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado para continuar su tramitación legislativa. "Aunque se trata de un avance relevante, aún queda camino por recorrer para que se transforme en ley”, reconoce la abogada.

“Desde el Ejecutivo participaremos de la discusión legislativa y seguiremos coordinando las reparticiones estatales que están involucradas en este tema, para dialogar al respecto en las sesiones correspondientes”, indican desde la Subsecretaria de Derechos Humanos, recordando que el Plan Nacional de Implementación Participativa se extiende entre 2024 y 2030. “Es importante señalar que las acciones y compromisos se enmarcan en un marco temporal extendido de 6 años, y por eso, algunas se encuentran en desarrollo”, puntualizan. 

Herramientas para esclarecer el caso

“El caso de Julia Chuñil Catricura ilustra con crudeza la urgencia de esta ley”, considera la vocera de Greenpeace en Chile.

“Este caso refuerza la importancia de contar con herramientas efectivas para garantizar entornos seguros, coordinados y libres de amenazas para las personas defensoras”, agregan desde la Subsecretaria de Derechos Humanos. “Como Gobierno, hemos actuado desde el primer momento en coordinación con las instituciones competentes, tanto a nivel central como regional”, recalcan desde esa institución, que solicitó al Ministerio Público “llevar adelante investigaciones efectivas con la debida diligencia necesaria para el caso y que se considere su calidad de persona defensora ambiental y la protección de quienes defienden derechos humanos en el país”.

No obstante, las críticas se centran en la lentitud y falta de resultados de la misma. “Hasta el momento no hay nadie imputado directamente, no se ha esclarecido lo que sucedió, porque el Ministerio Público ha perdido su tiempo en una línea de investigación que no ha dado resultado en estos once meses, importantísimos para haber realizado diligencias destinadas a encontrar el cuerpo”, lamenta a DW Karina Riquelme, abogada que representa a Pablo San Martín Chuñil.

“Es terrible no saber dónde está nuestra madre y que nos traten de echar la culpa a nosotros haciendo montajes”, lamenta el hijo de la desaparecida.  

Ante esta situación, “solicitamos cambios de fiscalía porque esta fiscalía mantuvo este pensamiento en contra de la familia y con este cambio, al menos, poder lograr esclarecer lo que sucedió”, puntualiza Riquelme, criticando que hasta “la toma de declaraciones de los testigos en el lugar no se ha hecho lo que corresponde”.

Mientras llega ese cambio, “seguimos colaborando, los hijos vuelven a declarar, entregan más antecedentes para que la Fiscalía pueda seguir un camino claro, pero no sabemos qué decisiones se toman al respecto porque ahora nos restringieron el acceso a la carpeta de investigación”, critica la abogada, subrayando que se le ha denegado una copia de la misma “porque la causa ahora se tramita en virtud del protocolo de tramitación de causas complejas”.

A pesar de las dificultades, la familia, que también reclama investigar a quien considera el principal sospechoso de la desaparición, no cesa en su empeño. “Voy a cumplir casi un año sin trabajo, estoy enfocado en esta lucha por encontrar al culpable o a los culpables de la desaparición de mi madre”, asegura Pablo San Martín Chuñil sin darse por vencido.

Por su parte, el gobierno chileno asegura que “continuará colaborando activamente con las instancias judiciales y los organismos competentes hasta esclarecer lo ocurrido y garantizar que estos hechos no se repitan”.

(cp)  DW