La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó ayer miércoles una cuestionada ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno que dejó cientos de miles de víctimas entre 1980 y 2000.
America Latina13 de agosto de 2025
RedacciónLa presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles la amnistía para policías y militares que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite de esta ley.
Boluarte ya había anticipado que promulgaría la amnistía aprobada por el Congreso (Parlamento) de Perú a iniciativa de un grupo de fuerzas conservadoras que sostienen su Gobierno, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados en sus filas, al considerar que las indicaciones de la Corte IDH van en contra de la soberanía nacional, pese a que el país aceptó adherirse a su jurisdicción cuando suscribió el Pacto de San José.
La mandataria suscribió la ‘Ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000’ en una ceremonia pública en el Palacio de Gobierno de Lima, un día después de retornar de su gira por Asia donde visitó Japón e Indonesia.
La suscripción de la norma por parte de Boluarte se produjo en la víspera de que se conmemoren los 40 años de la masacre de Accomarca, donde 69 personas de esa comunidad campesina de los Andes peruanos, entre ellas 24 niñas y niños, fueron ejecutadas por una patrulla del Ejército peruano en 1985, al mando del subteniente Telmo Hurtado, quien cumple una condena de 23 años de cárcel.
Presidenta arropada por militares y policías
A la ceremonia en el Palacio de Gobierno de Lima asistieron representantes de policías y militares que participaron en distintos episodios del conflicto armado interno como los comandos de la operación Chavín de Huántar, que en 1997 permitió liberar a 72 de los 73 rehenes secuestrados por el MRTA en la residencia del embajador de Japón, si bien varios de ellos fueron señalados de presuntas ejecuciones extrajudiciales de varios terroristas cuando ya se habían rendido y entregado.
La amnistía beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y el 2000.
Además, incluye también a los que cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, o en trámite de ejecución, y hayan cumplido un mínimo de 70 años.
En cambio, la amnistía no será aplicable a los denunciados o imputados por terrorismo o por delitos de corrupción de funcionarios.
Boluarte: «Les devolvemos la dignidad»
En el acto, Boluarte aseveró que esta amnistía es para quienes «entregaron su vida en defensa de la paz que hoy tenemos, y otros que sobrevivieron pero cargados con juicios interminables y acusaciones injustas, con un dolor que no solo alcanzó a ellos sino también a sus familias».
«Con esa histórica amnistía, hoy les devolvemos la dignidad que nunca debió ser cuestionada», señaló la gobernante, quien se encuentra investigada por la Fiscalía por la muerte de al menos 59 personas durante la ola de protestas sobrevenida a su llegada al poder, tras la detención y encarcelamiento de Pedro Castillo por su fallido golpe de Estado a finales de 2022.
«El Perú está honrando a sus defensores y rechazando con firmeza cualquier intromisión interna o externa. No podemos permitir que la historia se distorsione, que los victimarios pretendan convertirse en víctimas, y que los verdaderos defensores de la patria sean señalados como enemigos de la nación que juraron proteger», añadió.
La presidenta peruana insistió en que «están equivocadas aquellas instituciones internacionales o nacionales, influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios», apuntó la mandataria.
Numerosos procesos en el aire
La Corte IDH pidió detener la tramitación de la amnistía en el marco del seguimiento al cumplimiento de las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), donde 25 personas, entre ellas un niño de 8 años, fueron asesinadas por el grupo militar encubierto Colina.
Ambos casos llevaron a que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) fuese condenado en 2009 a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en calidad de autor mediato (con dominio del hecho), así como varios integrantes del grupo Colina.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo». EFE
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