RedacciónLa tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional entra en una fase de confrontación directa que paralizará el funcionamiento operativo de la Universidad Nacional de Tucumán. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ratificó un cronograma de cuatro paros de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo, fijados para el miércoles 28 de octubre, el martes 3 de noviembre, el jueves 12 de noviembre y el lunes 16 de noviembre. En la provincia, la medida tendrá impacto directo a través de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT), gremio de base que nuclea a casi 3.000 trabajadores que sostienen la administración, el mantenimiento, los laboratorios, las bibliotecas y los servicios asistenciales de la casa de altos estudios.
El plan de lucha surge como respuesta inmediata a la negativa del Poder Ejecutivo a instrumentar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso de la Nación, en un marco donde los números reflejan un deterioro estructural severo. De acuerdo con los balances presentados ante el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades acumulan una pérdida presupuestaria real del 41,6% desde diciembre de 2023, acompañada por una caída del poder adquisitivo salarial que supera el 30%. En el caso tucumano, la situación salarial expone niveles críticos: una porción mayoritaria de la planta nodocente percibe haberes que no alcanzan a cubrir la canasta básica total, lo que motivó que la propia seccional local acudiera tempranamente a la vía judicial para reclamar amparos frente a la falta de actualización de las partidas.
La parálisis anunciada no se limitará a trámites burocráticos. En el entramado de la UNT, que abarca trece facultades distribuidas entre el centro capitalino y los centros universitarios de la Quinta Agronómica y Horco Molle, sumado a las escuelas experimentales, la ausencia de personal nodocente clausura la operatividad diaria. La medida frena la apertura de aulas, desarticula la logística de exámenes de fin de cuatrimestre, suspende la atención al público y resiente el funcionamiento de los comedores universitarios, un soporte asistencial determinante para la permanencia estudiantil en el contexto económico actual. La protesta confluye, además, con el estado de alerta del gremio docente ADIUNT y el movimiento estudiantil, consolidando un bloque de reclamo que ya demostró poder de convocatoria en las calles de la capital tucumana.
A la disputa por las partidas del corriente año se añade el debate del Presupuesto 2027 en el Congreso, donde los gremios exigen incorporar las partidas necesarias para evitar la asfixia del sistema, mientras denuncian el bloqueo político del oficialismo para habilitar la discusión en comisiones y las trabas judiciales impuestas tras la suspensión de las sanciones al Ejecutivo por incumplir las medidas cautelares. En Tucumán, donde la universidad pública constituye no solo un centro académico sino un motor social y económico de escala regional, el cronograma de huelgas expone el límite de tolerancia de las bases: si no media una respuesta concreta a la pauta salarial y presupuestaria, el ciclo lectivo camina hacia un cierre de año paralizado por el conflicto.
