Luisa González rechaza prohibición de emplear celulares durante balotaje en Ecuador

En declaraciones a una radioemisora local, González alertó sobre la gravedad del fallo de la autoridad electoral, que a su juicio traduce que «el CNE está completamente sometido a los intereses de (presidente) Daniel Noboa. Tres de sus cinco consejeros actúan como operadores políticos del régimen», afirmó.

Señaló que Noboa le ordenó a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, prohibir el uso de celulares en los centros electorales y ella acató. Consideró a la funcionaria como jefa de campaña del partido en el Gobierno.

Alertó que Noboa y el CNE no les pueden robar a los ecuatorianos la libertad de usar sus teléfonos ante los temores de aquel por lo que reflejan las encuestas. Cuestionó si el CNE prohibió el uso de celulares para planificar un fraude o permitir el robo de la democracia.

Consideró que el país se halla sometido a una dictadura y llamó al pueblo a mostrar su rebeldía para garantizar que se cumplan los derechos plasmados en la Constitución y las leyes.

Recordó que durante la primera vuelta agentes de la Fuerza Pública impidieron el ingreso de delegados de la RC al conteo de votos y la llegada a los teléfonos de publicidad electoral del partido de Noboa (ADN). Aseguró que se quiere impedir que los votantes denuncien esas irregularidades a través de sus móviles.

Valoró que la prohibición deviene medida anticonstitucional que el propio CNE puede derogar y anunció que RC presentará los recursos necesarios para impugnarla.

En paralelo, a través de un comunicado, parlamentarios de RC advirtieron que la decisión del CNE pretende obstaculizar la fiscalización de los votos, ante evidencias de que durante la primera vuelta el oficialismo robó sufragios.

Para tratar de defender su fallo, consejeros del CNE alegaron que buscan proteger la integridad de los votantes y que sufraguen sin ser intimidados. Durante una entrevista, el mandatario Daniel Noboa dijo que durante la primera vuelta hubo ciudadanos que votaron por la RC bajo amenaza o coerción de grupos criminales.