El vicepresidente Edmand Lara se declaró en oposición a la gestión de Rodrigo Paz tras la quita de subsidios a los combustibles mediante el Decreto 5503. La fractura en la fórmula presidencial coincide con bloqueos de carreteras y protestas de sectores mineros y cocaleros contra el plan económico que busca reducir un déficit fiscal superior al 12% del Producto Interno Bruto.
America Latina29 de diciembre de 2025
Redacción
A menos de ocho semanas de haber asumido, el presidente conservador boliviano Rodrigo Paz enfrenta ya una grave crisis política y una abierta fractura con su vice, Edmand Lara.
Las tensiones entre ambos comenzaron al día siguiente de la ceremonia de investidura, el 8 de noviembre, con las duras críticas de Lara a las medidas iniciales adoptadas por el presidente Paz.
La ruptura se intensificó con las últimas declaraciones del vicepresidente, un usuario muy activo de la red social TikTok, en las que afirmó sentirse opositor.
"Hay quienes dicen que no soy del gobierno, sino de la oposición.
¡Tienen razón! Soy de la oposición, pero una oposición constructiva", declaró Lara en su cuenta.
El vice había acusado previamente a Paz de ser "mentiroso, corrupto" y "títere de la élite económica", acusaciones que el presidente intentó disimular para no formalizar la dramática ruptura.
Entre las principales medidas criticadas por Lara se encuentran la eliminación de los subsidios a los combustibles (que ya ha provocado una huelga general) y el decreto que declara la emergencia económica.
"Este gobierno se ha puesto del lado de los ricos", declaró entonces el vice de Paz.
El primer reproche de Lara contra Paz llegó con la conformación del gabinete de ministros, con un número importante de cargos para personas que ya fueron funcionarios en la llamada época neoliberal de Bolivia (1985-2005).
La única cartera cuyo titular fue escogido por el vicepresidente, la de Justicia, fue cerrada poco después de la polémica en torno al designado Freddy Vidovic, quien fue declarado culpable por corrupción en un caso de 2015.
Pese a todo, esta "ruptura" o tensión no sorprendió a la opinión pública porque el binomio Paz-Lara se forjó de forma accidental.
El candidato a vicepresidente original de Paz para los comicios del pasado 17 de agosto se bajó de la carrera y Lara, postulante a diputado en ese entonces, tomó su lugar in extremis.
El inesperado aspirante es un expolicía que se hizo popular en redes sociales denunciando extorsiones y sobornos de sus superiores, lo que le costó su trabajo; intentó llegar al Palacio Quemado con su propio partido, pero la compleja burocracia boliviana se lo impidió.
Mientras tanto, las elecciones regionales en Bolivia para marzo de 2026 ya registraron sus primeras agresiones físicas y verbales.
Los incidentes ocurrieron justo antes del último día del registro de votantes, lo que llevó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a condenar públicamente la violencia y a exigir el respeto a las normas democráticas.
En un comunicado oficial, el TSE "rechazó categóricamente cualquier acto de violencia registrado durante la campaña electoral", subrayando que "los ataques no tienen cabida en un proceso democrático".
El organismo electoral instó a partidos, candidatos, activistas y simpatizantes a llevar a cabo una campaña pacífica basada en el intercambio de ideas y propuestas.
El incidente más grave ocurrió en Santa Cruz, donde el candidato a gobernador Juan Pablo Velasco, miembro de la conservadora Alianza Libre y excandidato a vicepresidente, fue agredido cuando se dirigía al Tribunal Electoral Departamental por un grupo de simpatizantes del gobernador saliente Luis Fernando Camacho.
Las elecciones renovarán más de 5.000 cargos, incluyendo gobernadores, legisladores departamentales, alcaldes y concejales para un mandato que finaliza en 2031.
ANSA
El Consejo de Defensa Nacional (CDN) aprobó la revisión de las medidas para el paso al estado de guerra. El organismo aclaró que se trata de un procedimiento administrativo periódico de actualización de logística y movilidad, enmarcado en su doctrina de defensa territorial.
Por orden del magistrado de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes.
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