
Las aulas, laboratorios y escuelas preuniversitarias de la Universidad Nacional de Tucumán ingresan en una parálisis casi absoluta a partir de este miércoles 28 de octubre. La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT) resolvió ejecutar una semana completa de paro nacional docente que se extenderá hasta el martes 3 de noviembre inclusive, en consonancia con lo dispuesto a nivel federal por la CONADU Histórica. Lejos de aplacarse tras las sucesivas movilizaciones de la comunidad académica, la tensión escala ante la falta de respuestas oficiales frente al deterioro salarial y el ahogo presupuestario que golpea a las casas de altos estudios públicas.
El trasfondo del reclamo apunta directamente contra la política de ajuste del Gobierno nacional. El gremio docente exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, el pago inmediato de las deudas salariales acumuladas y una partida presupuestaria que garantice el funcionamiento básico de la enseñanza, la investigación y la extensión. Para la conducción sindical, esta medida representa la continuidad directa del plan de lucha ratificado tras la 5ª Marcha Federal Universitaria, un termómetro de descontento que ahora vuelve a traducirse en cese total de actividades dentro de las facultades tucumanas.
La medida de fuerza adquiere un impacto operativo mayor debido a la confluencia con el personal nodocente. La huelga de siete días coincidirá este 28 de octubre y el próximo 3 de noviembre con las jornadas de paro convocadas por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), lo que garantiza el cierre de dependencias administrativas, comedores y áreas de maestranza en ambas fechas clave. La articulación entre ambos claustros expone la gravedad de un cuadro donde la pérdida del poder adquisitivo ya no distingue categorías ni escalafones dentro del sistema público de educación superior.
En el plano local, el conflicto pone en jaque el cierre del calendario académico de la UNT, postergando exámenes, mesas evaluadoras y el avance de los programas de estudio en un ciclo lectivo atravesado por la incertidumbre. La disputa excede la cuestión salarial sectorial: lo que está en juego es la operatividad estructural de la universidad pública en Tucumán y su capacidad para sostener la docencia y la investigación científica frente a un escenario de desfinanciamiento sostenido que el Ejecutivo central no atiende y que la comunidad universitaria promete seguir disputando en las aulas y en las calles.


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