RedacciónLa audiencia de dos días ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo, Uruguay , marca la primera vez que el tribunal examina un caso que involucra a pueblos indígenas que viven aislados en Perú.
El caso se centra en los pueblos Mashco Piro, Yora y Amahuaca, que habitan zonas remotas de la Amazonía peruana . Las organizaciones indígenas afirman que las concesiones madereras y otras incursiones han empujado a forasteros a adentrarse cada vez más en los bosques utilizados por estos grupos, aumentando el riesgo de encuentros violentos y la exposición a enfermedades para las que los pueblos aislados pueden tener poca inmunidad.
“Muchos de nuestros hermanos y hermanas ya han desaparecido, y no queremos que los Mashco Piro sufran la misma suerte”, declaró ante el tribunal Maglin Alvarado Vargas, líder del pueblo indígena Yine de la Comunidad Nativa de Monte Salvado. “Está en sus manos que sobrevivan”.
Perú ha argumentado que ha adoptado leyes, protocolos, sistemas de monitoreo y otras medidas para proteger a los pueblos indígenas aislados. El gobierno peruano no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Pero Julio Cusurichi, miembro de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y sus Afluentes, conocida por sus siglas en español FENAMAD, afirmó que esas medidas de protección no se estaban implementando en la práctica.
“El gobierno no está tomando medidas para salvaguardar los derechos de estos pueblos”, declaró Cusurichi. Advirtió que las continuas incursiones en su territorio podrían poner en peligro su supervivencia.
El caso se remonta a décadas atrás. FENAMAD ha manifestado su preocupación por la tala de árboles en el territorio Mashco Piro desde la década de 1990 y solicitó protección de emergencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2005. La comisión, un organismo independiente de la corte, otorgó medidas de protección en 2007.
FENAMAD presentó una petición formal ante la comisión en 2011. En 2022, la comisión declaró a Perú responsable de violar los derechos de los pueblos Mashco Piro, Yora y Amahuaca. El caso fue remitido a la corte en 2024, luego de que la comisión concluyera que Perú no había cumplido con sus recomendaciones.
Teresa Mayo, de Survival International, una organización de derechos indígenas que apoya el caso, dijo que las comunidades indígenas y sus aliados quieren que el tribunal responsabilice a Perú y exija una mayor protección del territorio de los Mashco Piro y su derecho a permanecer aislados.
“Esta es una audiencia histórica”, dijo Mayo, y agregó que los grupos quieren que el tribunal garantice que los Piro de Mashco puedan “permanecer sin contacto con los humanos, con sus tierras totalmente protegidas”.
En el centro de la disputa se encuentra el territorio disponible para los pueblos aislados y si se pueden permitir allí actividades extractivas.
Maritza Quispe, abogada del Instituto de Defensa Legal del Perú que representa a la parte indígena, dijo que el caso podría sentar un precedente importante sobre los derechos territoriales ancestrales de los pueblos que viven aislados y sobre si los gobiernos pueden autorizar la extracción de recursos en sus territorios.
La legislación peruana generalmente prohíbe la actividad externa en las reservas establecidas para pueblos indígenas aislados, pero contiene una excepción que permite la explotación de los recursos naturales cuando las autoridades determinan que existe una necesidad pública, dijo Quispe.
Uno de los abogados que representaba a los grupos indígenas declaró ante el tribunal que Perú había violado "flagrantemente" los principios destinados a proteger a los pueblos aislados, entre ellos, evitar el contacto con ellos y mantener sus territorios libres de actividades externas.
Según organizaciones indígenas, los Mashco Piro suman más de 750 personas y habitan el sureste de Perú y la frontera con Brasil . Los encuentros con forasteros ya han tenido consecuencias fatales. En 2024, dos leñadores murieron en ataques con arco y flecha tras ingresar al territorio Mashco Piro, y avistamientos posteriores han situado a miembros del grupo cerca de zonas de tala activa.
El contacto también supone un riesgo potencialmente mortal para los propios Mashco Piro. Los pueblos indígenas que han vivido aislados tienen poca inmunidad a las enfermedades comunes traídas por forasteros, lo que significa que incluso enfermedades como un resfriado o una gripe podrían matarlos.
Las partes tienen hasta el 26 de octubre para presentar sus alegatos finales por escrito. Posteriormente, el tribunal deliberará y dictará sentencia, aunque aún no se ha fijado una fecha para el fallo. AP
