RedacciónEl presidente de la República de Chile, José Antonio Kast, confirmó que el Gobierno revisará más de 100 solicitudes de indulto presidencial presentadas en su mayoría por agentes civiles y militares condenados por violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
El mandatario descartó aplicar una amnistía o perdón general y precisó que la cartera de Justicia evalúa cada expediente «caso a caso», argumentando que la medida busca atender situaciones de condenados con enfermedades terminales.
Las declaraciones del jefe de Estado han provocado una profunda controversia política y social en el país, coincidiendo con las actividades de conmemoración del 53 aniversario del golpe de Estado de 1973.
La Presidencia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por Fernando Rabat, fundamentan el proceso de revisión bajo criterios de potestad ejecutiva y razones humanitarias.
Kast reafirmó que no se modifican las sentencias judiciales dictadas por los tribunales, sino que se ejerce una facultad constitucional mediante resoluciones individuales y fundadas. El mandatario sostuvo que distintos juristas coinciden en que una persona en etapa terminal no debe fallecer en prisión, independientemente de la naturaleza de los delitos cometidos.
Partidos como el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han exigido mayor agilidad al ministro Rabat en la tramitación de las peticiones para concretar las liberaciones.
Organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de familiares de víctimas y exautoridades han manifestado un tajante repudio a cualquier concesión de beneficios a los criminales de Estado.
El exministro de Justicia y Seguridad, Luis Cordero, advirtió que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inindultables de acuerdo con la Constitución, la legislación nacional y el derecho internacional.
Cordero y defensores de derechos humanos señalaron que represores emblemáticos como el exmilitar Miguel Krassnoff, condenado a más de mil años de cárcel nunca han expresado arrepentimiento ni han aportado información para la localización de los más de mil desaparecidos que aún figuran en paradero desconocido.
Encuestas recientes, como el estudio Criteria, reflejan que el 59% de la población chilena se opone firmemente al indulto a responsables de atrocidades estatales, mientras que personalidades de la memoria histórica entre ellas la exsenadora Isabel Allende remarcan que perdonar estos crímenes socava la justicia democrática y la memoria colectiva del país. TeleSur
