RedacciónLa comunidad educativa de la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas "Juan Bautista Alberdi" se movilizó este martes en la peatonal Muñecas de San Miguel de Tucumán. La protesta expuso el malestar por una reforma curricular que consideran una amenaza a la especialización en idiomas, la falta de cobertura de cargos docentes y deficiencias edilicias.
En paralelo a la marcha, la ministra de Educación, Susana Montaldo, encabezó una reunión clave en el establecimiento donde se firmaron compromisos de gestión, mientras que el gobernador Osvaldo Jaldo tomó distancia del origen nacional del conflicto pero se mostró abierto al diálogo provincial.
El conflicto estudiantil tiene su eje en la jubilación del profesor Daniel Sosa, que dejó 40 horas vacantes. La propuesta inicial de distribuir esas horas entre el plantel activo fue rechazada por los alumnos. Santiago Lucero, secretario de Cultura del Centro de Estudiantes, advirtió que la medida elimina el desdoblamiento de cursos, sistema que garantiza grupos reducidos para la enseñanza intensiva.
"Nos quieren sacar nuestra identidad como escuela y bajar el prestigio", afirmó. Detalló que el desdoblamiento es clave para que los alumnos de sexto año rindan exámenes internacionales como el PET o Cambridge, herramientas de inserción laboral. Al respecto, el Ministerio de Educación informó oficialmente que los procesos de cobertura ya están en curso bajo la intervención de la Junta de Clasificación Docente.
El segundo frente es la reforma curricular pendiente desde 2014, exigida por la normativa federal para garantizar la validez nacional de los títulos antes del límite definitivo fijado por la Nación para 2027. La Normal es una de las diez instituciones tucumanas que aún adeudan este proceso. Tras una accidentada llegada al establecimiento donde fue recibida con reclamos por un sector del alumnado, la ministra Montaldo y el Gabinete Educativo se reunieron con el equipo directivo y representantes del Centro de Estudiantes. Allí las autoridades ratificaron el compromiso de que la reconversión de los planes de estudio se realizará mediante mesas participativas que incluyan a directivos, docentes y alumnos para preservar la especificidad pedagógica de la escuela.
Facundo Lisondo, presidente del Centro de Estudiantes, sumó a las demandas el deterioro edilicio (techos y humedad) y la falta de mobiliario, detallando que los alumnos pierden minutos de clase buscando sillas y que los niños de primaria corren riesgos trasladando bancos por las escaleras. El Gobierno respondió formalmente a este punto: explicó que el equipamiento disponible al inicio del ciclo lectivo debió ser priorizado y redirigido a las escuelas de La Madrid y otras localidades del sur afectadas por las recientes inundaciones. No obstante, se acordó realizar esta misma semana un relevamiento integral para iniciar la compra inmediata de los bancos faltantes.
En el plano político, Jaldo desmarcó a la Provincia al señalar que el foco del conflicto se origina en decisiones tomadas a nivel federal sobre el reconocimiento de las carreras de idiomas. Sin embargo, aseguró que el Ejecutivo evaluará soluciones y confirmó que recibirá a los representantes del colegio en cuanto formalicen el pedido de audiencia.
Pese a los compromisos asumidos en el acta, el Ministerio de Educación cerró su postura con una advertencia hacia el estudiantado, manifestando que "las medidas de fuerza obstructivas alteran el derecho a la educación y dificultan la búsqueda de soluciones consensuadas".
Los alumnos mantienen el estado de alerta y anticiparon que, si bien la agenda inmediata contempla protestas pacíficas con afiches, profundizarán las medidas si los plazos administrativos y de obras vuelven a incumplirse.
