Redacción“Condenamos el hecho de que el Congreso Nacional funcione como una máquina de regresión, actuando como enemigo de los pueblos [indígenas], produciendo ataques diarios contra nuestras vidas y sometiendo nuestros derechos a una mesa de negociación”, denuncian las organizaciones en la carta.
"Han convertido la casa del pueblo en una casa de apuestas; quieren jugar con el Congreso Nacional, donde nuestros derechos se convierten en moneda de cambio entre parlamentarios y sectores privados, y donde empresas y corporaciones nacionales y extranjeras se lucran a costa de nuestras vidas", afirman las organizaciones en el texto.
Firmada por la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (Apib), principal organizadora de ATL 2026, y otras siete entidades que abarcan todo el territorio nacional, la carta critica a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, especialmente al gobierno federal, por la demora en definir las áreas de la Unión destinadas al uso exclusivo de los pueblos indígenas.
Según la Constitución Federal, vigente desde 1988, la Unión debería haber completado la demarcación de las tierras indígenas en un plazo de cinco años a partir de su promulgación, es decir, para 1993.
"La tímida delimitación de tan solo unas pocas tierras indígenas no cumple con el compromiso político de garantizar todos nuestros territorios", señalan las organizaciones indígenas.
Argumentan que la "omisión" del Estado ha contribuido al clima de inseguridad, con un aumento de los casos de violencia; invasiones de tierras indígenas oficialmente reconocidas, demarcadas o reclamadas; y la explotación ilegal de los recursos naturales.
«La Unión tiene la obligación de delimitar y proteger los territorios y las vidas indígenas, así como de garantizar consultas libres, previas e informadas. Exigimos acciones concretas para la regularización de tierras, la protección territorial y el respeto a la autonomía y el protagonismo de nuestros pueblos», argumentan las organizaciones.
Sin embargo, las organizaciones indígenas reconocen los avances logrados, como la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y el reconocimiento oficial de 20 territorios indígenas entre enero de 2023 y noviembre de 2025, tras un paréntesis de cuatro años, de 2019 a 2022, sin la creación de nuevas áreas.
“La presencia indígena en los espacios institucionales ha avanzado como resultado directo de nuestra lucha”, enfatizan las organizaciones, citando la presencia de líderes históricos del movimiento al frente de organismos responsables de la gestión de políticas públicas, como el Ministerio de los Pueblos Indígenas y la Fundación Nacional para los Pueblos Indígenas (Funai), y el creciente número de representantes de este segmento en el Congreso Nacional, las asambleas estatales y las cámaras municipales.
“[Aun así], nuestros enemigos históricos avanzan por distintos caminos, cometiendo crímenes para menoscabar nuestros derechos originales. Buscan obstaculizar la demarcación de tierras indígenas y flexibilizar las normas de concesión de licencias ambientales, abriendo así el camino a proyectos como la minería, los ferrocarriles, las vías fluviales, las centrales hidroeléctricas, las carreteras y las líneas de transmisión, entre otros”, denuncian.
Considerada la movilización más grande e importante del movimiento indígena en Brasil, el Campamento Tierra Libre comenzó el domingo y continúa hasta el sábado (11), en el Eje Cultural Iberoamericano, en la región central de Brasilia.
Los organizadores esperan que participen en el evento entre 7.000 y 8.000 personas, tanto indígenas como no indígenas.
En un comunicado a Agência Brasil , el Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) destacó que la creación del ministerio en 2023 propició que los pueblos indígenas ocuparan puestos estratégicos y de toma de decisiones, tal como lo reconoció el propio movimiento.
"La creación del MPI supuso una ruptura con la visión paternalista que ha guiado la política indígena durante décadas", afirma el ministerio.
Según el ministerio, las decisiones relativas a los derechos y necesidades de los más de 391 pueblos indígenas de Brasil ahora las toman personas que conocen y comprenden sus demandas y desafíos.
"Las acciones del MPI en los últimos tres años han sido relevantes para recuperar derechos y políticas que fueron desmantelados en la década anterior a la actual administración", subraya.
El documento subraya que entre las principales acciones de los últimos cuatro años para garantizar los derechos y la seguridad de los pueblos indígenas se encuentra el reconocimiento oficial de 20 territorios indígenas, lo que equivale a aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de tierra protegida en 11 unidades federativas.
Agencia Brasil
