Un informe del CEPA revela el impacto real de la nueva reforma laboral: una transferencia masiva de recursos hacia el capital, la licuación de las indemnizaciones y una restricción sin precedentes del derecho a huelga que alcanza al 55% de la fuerza laboral.
Politica04 de febrero de 2026
Redacción
El Gobierno nacional avanza en una reconfiguración drástica del ecosistema laboral argentino. Bajo la narrativa de la "modernización" y la "flexibilidad", el reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) titulado "Aspectos Impositivos y Económicos de la Reforma Laboral" desnuda una realidad contundente: la reforma representa una transferencia de recursos del trabajo al capital estimada en USD 9.907 millones, equivalente al 1,5% del PBI.
El fin de la indemnización como derecho
Uno de los puntos más críticos es la modificación del artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo. La reforma elimina de la base de cálculo indemnizatoria conceptos clave como gratificaciones, premios y la participación en utilidades. Además, prohíbe explícitamente que las propinas sean consideradas remuneración, impactando directamente en sectores como el gastronómico, donde los adicionales pueden representar hasta el 36,9% del ingreso.
Esta "licuación" de los despidos se complementa con la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El mecanismo permite a los empleadores financiar las indemnizaciones con aportes que antes se destinaban al sistema previsional.
El resultado es un doble golpe: abarata el despido y desfinancia el SIPA, lo que, según el informe, servirá de antesala para justificar una futura reforma previsional que aumente la edad jubilatoria.
Huelgas prohibidas: el 55% de los trabajadores bajo "servicios esenciales"
La reforma no solo es económica, sino también política. Mediante la ampliación de las categorías de "servicios esenciales" y "actividades de importancia trascendental", se impone una cobertura mínima de prestación de entre el 50% y el 75%, lo que en la práctica anula la efectividad de cualquier medida de fuerza.
El listado es tan heterogéneo que incluye desde la industria alimenticia y bancaria hasta la producción de bienes para exportación, alcanzando al 55,4% del total de las actividades económicas del país.
El "espejo" de Perú y el modelo de plataformas
El informe también analiza el sustento ideológico del oficialismo. Referentes del equipo económico han elogiado el modelo de Perú, destacando su "paz social" pese a tener un 70% de informalidad laboral y menos de un 10% de sindicalización.
En este marco, los trabajadores de plataformas (como Rappi o Uber) quedan formalmente excluidos de la protección laboral. El estudio subraya que, en septiembre de 2025, un repartidor necesitó realizar 461 pedidos mensuales (15 por día) solo para alcanzar la Canasta Básica Total. Sin convenios ni referencias salariales, estos trabajadores quedan a merced de un "algoritmo dictador" que ajusta tarifas a la baja ante la necesidad del trabajador.
Beneficios para el "lujo" y desfinanciamiento cultural
Mientras se recortan derechos laborales, la reforma prevé una serie de beneficios impositivos para sectores de alto poder adquisitivo:
Impuesto al lujo: Se eliminan gravámenes sobre autos de alta gama (superiores a $103 millones), embarcaciones y aeronaves, con un costo fiscal de USD 330 millones.
Ganancias Sociedades: Se reduce la alícuota para grandes empresas, lo que implica una pérdida de recaudación nacional de USD 2.279 millones, afectando directamente la coparticipación de las provincias.
Cultura: Se avanza en el desfinanciamiento del INCAA mediante la eliminación de impuestos a entradas de cine y videogramas.
La reforma que hoy se debate no parece buscar la creación de empleo genuino —el informe recuerda que las políticas similares en los años 90 y el macrismo terminaron con una caída estrepitosa en la cantidad de empleadores — sino consolidar un esquema donde el riesgo empresarial sea absorbido, una vez más, por el eslabón más débil de la cadena: el trabajador.
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