Desde diciembre de 2023, la gestión de Javier Milei ha ejecutado un ajuste sobre la estructura del Estado que no reconoce precedentes cercanos en la historia democrática argentina. Lo que el discurso oficial presenta como una "limpieza de la casta" o un proceso de modernización, los datos duros del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) exponen como un desmantelamiento sistemático de las capacidades operativas de la Nación.
Según el último relevamiento con datos actualizados a fines de 2025, la dotación de personal del Sector Público Nacional (SPN) sufrió una caída del 17,7%, lo que representa la eliminación de 60.784 puestos de trabajo. El ritmo del ajuste es vertiginoso: en promedio, 83 personas por día perdieron su empleo en el Estado desde la asunción de La Libertad Avanza.
El foco en el control y la soberanía
El informe de CEPA destaca que el ajuste no fue lineal, sino que atacó núcleos estratégicos de la administración. En términos absolutos, las empresas públicas lideran el recorte. El Correo Argentino encabeza la lista con más de 5.100 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria SE (3.375) y el Banco Nación (2.069).
Sin embargo, el dato más alarmante para la gestión institucional aparece en la administración centralizada y los organismos descentralizados. Áreas que garantizan derechos básicos y el control estatal sobre sectores clave muestran retrocesos drásticos:
ARCA (ex AFIP): 3.220 despidos, debilitando la capacidad de fiscalización tributaria.
ANSES: 1.584 bajas, con un impacto directo en la atención previsional y de seguridad social en todo el país.
CONICET: 1.964 puestos menos, marcando un retiro del Estado en el ámbito de la ciencia y la tecnología.
Vaciamiento con sesgo ideológico
Si se analiza el recorte en términos proporcionales, el ensañamiento con ciertas áreas revela un sesgo ideológico claro. El desmantelamiento de la agencia de noticias Télam (con un recorte del 80% de su personal) y el vaciamiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (–64%) son ejemplos de un Estado que renuncia a su rol de comunicador federal y de articulador de asistencia a los sectores más vulnerables.
Otros organismos que sufrieron estocadas críticas son la Junta de Seguridad en el Transporte (–46%) y el INAES (–43%), fundamentales para la regulación de la seguridad vial y el fomento del cooperativismo, respectivamente.
Consecuencias de un Estado "vaciado"
Lejos de la narrativa de la eficiencia, el CEPA advierte que este ajuste conlleva una pérdida irreversible de saberes técnicos y capacidades de gestión. No se trata solo de números en una planilla de Excel para alcanzar el superávit fiscal; se trata de la desarticulación de herramientas que permiten al Estado regular, investigar, asistir y controlar.
Al cumplirse dos años de gestión, el diagnóstico es sombrío: el desmantelamiento no solo afecta a los trabajadores despedidos, sino que redefine el contrato social. Con un Estado retirado de sus funciones esenciales, la soberanía técnica y operativa de la Argentina queda en una situación de vulnerabilidad extrema, donde la reconstrucción de lo destruido no será tarea de un solo día.
Claves del informe CEPA
Total de despidos: 60.784 (diciembre 2023 - octubre 2025).
Caída porcentual: 17,7% de la planta total.
Organismo más afectado (proporcional): Ex Télam (80% de reducción).
Empresa más afectada (absoluto): Correo Argentino (5.155 bajas).
Impacto operativo: Debilitamiento severo en áreas de ciencia, salud (Hospital Bonaparte, Instituto del Cáncer), control tributario y asistencia social.
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