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El Ejecutivo provincial retoma el control directo de la institución financiera más importante de Tucumán, cerrando una etapa de casi una década de influencia del diputado nacional Carlos Cisneros.
Politica23 de enero de 2026
Redacción
En un movimiento que redefine el esquema de poder interno en la provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo desplazó a la conducción de la Caja Popular de Ahorros (CPA) vinculada al gremio de La Bancaria. Con la asunción de Guillermo Norry como interventor y Antonio Bustamante como subinterventor, el Ejecutivo provincial retoma el control directo de la institución financiera más importante de Tucumán, cerrando una etapa de casi una década de influencia del diputado nacional Carlos Cisneros.
Centralidad del mando y "obediencia" institucional
El discurso de Jaldo en el Salón Blanco no dejó lugar a dobles interpretaciones sobre quién tiene el mando. Tras tomar juramento a las nuevas autoridades, el Gobernador marcó la cancha con una frase tajante dirigida a Norry y Bustamante: "Cuenten con el Gobernador, que es a quien ustedes responden".
Esta sentencia buscó desarticular cualquier resabio de autonomía gremial. Jaldo insistió en que el cambio obedece a la necesidad de "profundizar lo bueno, retocar y corregir aquello que haya que corregir", pero bajo su estricta supervisión. Sobre la designación de Norry, el mandatario destacó su lealtad y pragmatismo: "Ha demostrado que los intereses de la provincia y de los tucumanos están por encima de los intereses personales y políticos propios".
La "ola privatizadora" como escudo
Para justificar la intervención y el recambio, Jaldo apeló a la historia de la entidad, recordándola como una institución "visionaria" creada en 1915 por el doctor Ernesto Padilla. En un mensaje con fuerte carga política, el mandatario subrayó que la CPA "se ha salvado de las olas privatizadoras del pasado y hoy sigue siendo una institución económica y financiera que pertenece al Gobierno de la Provincia".
Con este argumento, el Gobernador reafirma que la Caja no es un ente autárquico aislado, sino una herramienta del Estado provincial cuya utilidad debe volver al sistema público: "Esta institución aporta para preservar lo más importante que tiene el ser humano, que es la salud y la vida; por eso parte de las utilidades son destinadas al Siprosa", remarcó, vinculando directamente la eficiencia de la nueva gestión con el bienestar social.
El fin de la "embajada" de La Bancaria
Aunque Jaldo intentó matizar el impacto político al afirmar que "nada tienen que ver los cambios con el peronismo ni con su interna", la salida de José Díaz y Darío Amatti —hombres de Cisneros— representa la ruptura de un pacto que nació en 2018. Aquel acuerdo, sellado por Juan Manzur, había convertido a la Caja en un bastión del sindicato bancario.
Fuentes del Ejecutivo confirmaron que la relación venía desgastada por "desencuentros políticos" y tensiones en el manejo de recursos. En el jaldismo imperaba la visión de que era necesario "recuperar" la institución para que responda estrictamente a las directrices de la Casa de Gobierno, sin intermediarios sindicales.
Nuevos perfiles y el mensaje al personal
La elección de los sucesores marca el perfil que Jaldo busca: Guillermo Norry, probado en la administración de crisis en Alberdi, y Antonio Bustamante, con el perfil técnico necesario para supervisar el complejo mercado del juego y el seguro.
Por su parte, Norry ya tomó nota de las instrucciones del mandatario: "El Gobernador pidió que prioricemos al sector social, el apego a la Carta Orgánica y a las políticas que emanen de la Casa de Gobierno a través del Poder Ejecutivo".
El acto de asunción contó con la presencia del vicegobernador, Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández, Gladys Medina y el diputado nacional Javier Noguera; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso; la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.
También participaron el exinterventor José Díaz y Darío Amatti, exsubinterventor; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; y los intendentes Francisco Serra (Monteros), Francisco Caliva (Tafí del Valle), Marta Albarracín (Lules), Gabriela Rodríguez (La Cocha), Jorge Leal (Burruyacú), Elvio Salazar (Simoca), Raquel Graneros (Graneros), Gimena Mansilla (Aguilares), Antonio Moreno (Trancas), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Marta Najar (Las Talitas), Bruno Romano (Alberdi) y Enrique Orellana (Famaillá); legisladores, concejales y secretarios de Estado.

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