El referéndum en Ecuador y su impacto en la democracia

Sacudido por la criminalidad y el narcotráfico, después de haber sido ejemplo de paz y tranquilidad en América Latina, Ecuador concurre a las urnas este domingo, 16 de noviembre de 2025, para una votación clave. Casi 14 millones de ciudadanos deben responder a cuatro preguntas.

En las tres primeras se trata de un referéndum sobre reformas directas a la Constitución: eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras, suprimir el financiamiento público de la política y reducir el número de asambleístas del órgano legislativo. El cuarto ítem corresponde a una consulta popular sobre convocar y elegir una Asamblea Constituyente, que elabore una nueva carta magna.

"En general, la posibilidad de participación directa es muy positiva en la Constitución ecuatoriana, pero debemos considerar el contexto de la consulta, que se caracteriza por una alta polarización política. En este contexto, la consulta parece servir más como un instrumento para confirmar la base de poder, que para la participación ciudadana”, dice a DW Tina Hennecken Andrade, representante en Ecuador de la Fundación Friedrich Ebert, FES, (afiliada al Partido Socialdemócrata Alemán, SPD).

"Son cuatro reformas de amplio alcance, que en conjunto pueden llegar a transformar la estructura del Estado y el funcionamiento de la democracia en Ecuador. Estas no son cuestiones técnicas o menores. Pueden provocar un escenario de centralización del poder, de debilitamiento de la representación política y reducción de la autonomía nacional en materia de seguridad y política exterior”, indica la doctora en Ciencias Sociales Tamara Lajtman, del Observatorio Lawfare, consultada por DW.

Para la abogada y socióloga Laura Rivera Revelo, si bien esta consulta es una herramienta de democracia directa, "paradójicamente, el contenido de las reformas constitucionales que plantean las primeras tres preguntas tiene un carácter regresivo”. La docente e investigadora posdoctoral en la Facultad de Derecho en la Universidad Justus-Liebig, en Giessen, Alemania, indica a DW que podría traer "la disminución del umbral de protección y garantía alcanzado en la Constitución de Montecristi, de 2008, en cuanto a los derechos civiles y políticos”.

Bases extranjeras: impacto geopolítico y en seguridad

Desde el cierre de la base de Manta, en 2008, Ecuador se reconoce como un territorio de paz, destaca Lajtman. De ser aprobada la primera propuesta, el Gobierno ecuatoriano podría concretar planes para que Estados Unidos sitúe instalaciones militares en diversos puntos, incluidas las islas Galápagos. De importante valor geoestratégico, permiten proyectar la capacidad militar hacia Centroamérica y el Pacífico. A su juicio, esto "implica modificar la posición internacional de Ecuador, reduce aún más su autonomía y lo inserta en una lógica regional de confrontación”.

"Esta medida se vincula muchísimo con intereses geopolíticos de Estados Unidos, en su disputa con China y Rusia. No está orientada en la práctica a combatir al narcotráfico ni por necesidades reales de seguridad de Ecuador”, plantea la investigadora posdoctoral de la Universidad de Santiago de Chile (USACH).

Las expertas consultadas advierten que la experiencia en América Latina muestra la ineficacia y los riesgos de estas bases. Rivera sostiene que "no han sido eficaces para controlar el crimen organizado, y menos para combatir el narcotráfico. La militarización y la presencia de bases militares extranjeras o nacionales ha incidido en la violación de derechos humanos contra la población civil”, con el agravante de la impunidad por la inmunidad diplomática para personal militar que opera en el país extranjero.

"El año 2025 será el más violento de la historia de Ecuador, y la respuesta del Estado y de ciertos sectores de poder se ha centrado casi exclusivamente en la represión y en la retórica de la guerra”, considera Hennecken. Permitir bases extranjeras reforzaría esta estrategia punitiva y militarizada, "además de ser una propuesta opaca, ya que el gobierno no ha logrado transmitir con eficacia qué planes hay detrás”.

Fin al financiamiento y menos asambleístas

Según las encuestas, la reducción del número de miembros de la Asamblea Nacional, que pasarían de 151 a 73, y la eliminación de la financiación estatal para organizaciones políticas cuentan con un buen respaldo. Hennecken lo explica, "en parte, por el cansancio de la ciudadanía ante un ambiente político bastante volátil y polarizado en los últimos años, así como por la desconfianza generalizada hacia los partidos políticos”. Sin embargo, la representante de FES advierte que, de aprobarse en el referéndum, disminuiría la representatividad de las regiones pequeñas y podría polarizar aún más este órgano.

"Eliminarlo limita la pluralidad, restringe la participación y deja la actividad política en manos de quienes tienen más recursos económicos”, alerta Lajtman. Asimismo, estima que al reducir el número de asambleístas se debilita la representación de provincias más chicas y de minorías. "Eso no mejora necesariamente la calidad legislativa, por el contrario, afecta de manera contundente la representación territorial y política”, consigna.

Rivera señala que perjudicaría la existencia y participación de "partidos que provienen de movimientos sociales compuestos por indígenas, afrodescendientes, sectores populares y campesinos”. Un riesgo asociado es "la cooptación de partidos de base popular por grandes corporaciones o incluso por el crimen organizado”, alerta la docente de la Universidad de Giessen. Representantes de provincias afectadas por la desigualdad y la pobreza tendrían que aliarse con partidos fuertes para tener representación. "Estas dos reformas no solo son regresivas frente a la garantía de los derechos civiles y políticos, sino que también profundizan las desigualdades sociales, étnicas, raciales y territoriales”, subraya.

¿Nueva constitución?

La última consulta abre un nuevo escenario para redactar una constitución. Su contenido dependerá del órgano que realice esta tarea, si bien será sometida a la aprobación de la ciudadanía. "Puede llevar a la afectación de una serie de derechos. Abre la posibilidad de privatizar sectores estratégicos, energía, agua, telecomunicaciones. Y existe el riesgo de debilitar la corte constitucional, que actualmente actúa como un órgano de cierre y control de la constitucionalidad”, alerta Lajtman.

Hennecken observa que el proceso para elaborar la Constitución ecuatoriana actual fue largo y participativo, y logró "plasmar un consenso que comprende una amplia expansión de derechos y reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos”. En 20 años, esta es la primera vez que se consulta sobre convocar un proceso constituyente. "El referéndum servirá para analizar en qué medida sigue vigente este consenso social”, subraya.

Rivera considera que "los procesos constituyentes suelen ser la salida a una crisis institucional. Sin embargo, la validez depende de su legitimidad jurídica y democrática”. En opinión de la doctora en Derecho, la crisis ecuatoriana actual no obedece a la constitución vigente, "sino a su incumplimiento, que se expresa en la profundización de las desigualdades sociales, la fusión de ministerios, el despido masivo de funcionarios públicos, el desmantelamiento de políticas sociales educativas, laborales y la progresiva concentración de poder en el actual presidente”.

Por su parte, Hennecke apunta a comprender la violencia como un fenómeno multicausal: "la protección de la población va más allá del control policial o penitenciario, ya que requiere garantizar derechos, fortalecer la cohesión comunitaria y el diálogo social, ampliar oportunidades y atender de manera integral las causas que generan violencia y exclusión, como la desigualdad extrema y la desatención a sectores vulnerables y empobrecidos”.

(cp) DW